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    La vuelta de los representantes internacionales en la investigación del paradero de los 43 estudiantes de Ayotzinapa tras haber sido apartados, es un nuevo motor para el avance del caso. Su investigación en torno a la sistematicidad de la tortura a personas detenidas está en la génesis de las últimas detenciones.

    Desde la oficina internacional, dependiente de la Organización de las Naciones Unidas, se denuncia que el papel de la tortura en el caso Ayotzinapa es sintomático de la realidad mexicana.

    La investigación realizada por la Oficina del Alto comisionado de las Naciones Unidas en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en el sur del país respecto al papel de la tortura en su investigación, replicó casi un año y medio después en las órdenes de aprensión y las detenciones de funcionarios judiciales y policiales, acusados de haber cometido tortura contra 64 de las primeras personas detenidas.

    Spuntik conversó con Jesús Peña Palacios, representante adjunto en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, vocero del trabajo de esa oficina en torno al caso, para comprender a cabalidad el uso de la tortura como una herramienta de investigación oficial de los delitos.

    "La tortura y las violaciones al debido proceso nunca son beneficio de la verdad, de la justicia ni de las víctimas sino mecanismos de ocultamiento y obstrucción de la verdad", sostuvo Peña Palacios en entrevista con este medio.

    Doble injusticia

    Más de un año antes del desenlace actual, la Oficina del Alto Comisionado que Peña representa publicó una investigación centrada en la aplicación del Protocolo de Estambul a los primeros detenidos por el caso durante las autoridades judiciales del Gobierno anterior, encabezado por Enrique Peña Nieto (2012 – 2018), y comprobó la masificación de la práctica de tortura por parte de funcionarios judiciales y policiales.

    Peña Palacios confirmó a Sputnik que las últimas son las primeras órdenes judiciales libradas por el delito de desaparición forzada y por el de tortura, ambos que no prescriben por constituirse como graves violaciones a los derechos humanos.

    Esto tiene repercusiones también para la lectura política del caso sostenida desde el poder central, ya que hasta ahora las personas detenidas —incluso las torturadas— habían sido encausadas por el delito de secuestro, encubriendo la participación del Estado en el crimen cometido en Iguala de la Independencia, Estado de Guerrero, el 26 y 27 de septiembre del año 2014.

    Además de la detención de algunos funcionarios gubernamentales en actividad, las autoridades mexicanas han anunciado la inminencia de la extradición de Tomás Zerón de Lucio, quien tuvo un papel destacado en la investigación que usa la tortura.

    "Hasta donde la ONU-DH tiene conocimiento, las órdenes de aprehensión otorgadas por un juez federal en contra de Tomás Zerón son por los delitos de desaparición forzada y tortura —que constituyen graves violaciones a los DDHH— y por delitos contra la administración de justicia", explicó la fuente a este medio.

    Zerón ocupó el cargo de Director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) que fue la división dentro de la Procuraduría General de Justicia que ejecutó materialmente esta manipulación de la verdad en torno a la desaparición de los jóvenes.

    En el mencionado informe del Alto Comisionado se explicita la coincidencia entre la entrada de la AIC a la investigación del caso —la primera carpeta de investigación fue abierta en la justicia guerrerense— con el advenimiento de las detenciones arbitrarias y la aplicación de la tortura para obtener confesiones a modo, con las que se montó una versión falsa de lo sucedido con los jóvenes.

    "La tortura produce una doble injusticia: por un lado a la persona que la sufre y que es procesada a raíz de ella; pero también a la víctima del delito, quien probablemente no verá sancionadas a las personas que verdaderamente cometieron el agravio en contra suya", apuntó Peña.

    Este modus operandi ha sido denunciado en el vecino estado de Chiapas, gracias a la investigación del Centro de derechos humanos Fray Bartolomé de las Casas —con sede en San Cristóbal de las Casas— aplicando a su vez el protocolo de Estambul a los detenidos por la justicia local.

    El representante adjunto en México de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas fue enfático al resaltar —en diálogo con este medio—  la urgencia de que la tortura sea abandonada como un método para falsear a la aplicación de justicia.

    "Todas y todos debemos trabajar para erradicar la tortura. No debe permitirse ninguna investigación manipulada, ninguna mentira más a familias y víctimas. Eso no es justicia", concluyó.

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    Ayotzinapa, México, Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (OACDH), ONU
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