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    En la última década, el Estado uruguayo se agenció importantes victorias en tribunales internacionales ante empresas de peso como la tabacalera Philip Morris o una histórica disputa con Argentina en La Haya. Con base en sus tratados internacionales y habilidad para argumentar, el pequeño país ha sabido evitar el pago de millonarias indemnizaciones.

    "Uruguay gana juicio internacional: el Tribunal Arbitral rechaza los reclamos presentados contra Uruguay en relación al proyecto minero Aratirí", fue el encabezado de un comunicado emitido por el Gobierno uruguayo el 6 de agosto pasado.

    El comunicado oficial recogía un reciente fallo de la Corte Permanente de Arbitraje, con sede en La Haya, en favor de Uruguay en un juicio que había sido iniciado por los empresarios británicos Ritika Mehta, Vinita Agarwal y Prenay Agarwal.

    Si bien hicieron la demanda a título personal, los tres nombres detrás del reclamo contra Uruguay representaron los intereses de Zamin Ferrous, una empresa multinacional con base en Londres y encabezada por el empresario indio Pramod Agarwal, padre de dos de los titulares de la demanda. Zamin Ferrous había desembarcado en Uruguay en 2011 con su proyecto Aratirí, con el que pretendía extraer hierro con un proyecto de minería a cielo abierto.

    El emprendimiento, que prometía invertir más de 2.000 millones de dólares en el país sudamericano, causó revuelo político en el Uruguay del momento, presidido entonces por José Mujica. El Gobierno buscó un acuerdo multipartidario para adaptar la legislación a la magnitud del emprendimiento y enfrentó los cuestionamientos de organizaciones ambientalistas.

    Sin embargo, la baja en el precio internacional del hierro terminaron por hacer inviable el proyecto y Aratirí finalmente abandonó sus pretensiones. En 2017, representantes de la firma anunciaron una demanda contra Uruguay por 3.536 millones de dólares, entendiendo que el Estado uruguayo había perjudicado la inversión, que según la empresa estaba protegida por un tratado de Protección de Inversiones de Capital firmado entre Uruguay y el Reino Unido en 1991.

    Si bien el tribunal de tres miembros —el español Andrés Rigo Sureda, el francés Pierre Mayer y el estadounidense Oliver Thomas Johnson Jr.— tardó tres años en dictar un fallo, ni siquiera llegó a considerar la cuestión de fondo, ya que entendió que los reclamantes no tenían derecho a presentar el caso ante ese tribunal.

    Antes de considerar las cuestiones legales reclamadas por la empresa, el tribunal aceptó una objeción presentada por los abogados uruguayos alegando que los reclamantes en realidad "no eran titulares" del proyecto minero sino "beneficiarios discrecionales" de un fideicomiso que administraba indirectamente el emprendimiento.

    Con esa defensa, Uruguay demostró que los tres demandantes no estaban alcanzados por el tratado de inversiones "y por tanto carecían de legitimación para plantear una pretensión con respecto a una inversión".

    Así, el tribunal no solo rechazó la demanda de los más de 3.500 millones de dólares contra Uruguay sino que condenó a los demandantes a pagar más de 4 millones de dólares al país sudamericano por los costos del proceso judicial.

    En Uruguay, el fallo fue especialmente celebrado por representantes del Frente Amplio y vinculado con la anterior resonante victoria uruguaya en cortes internacionales: el juicio que la tabacalera Philip Morris había presentado contra el Estado uruguayo en 2010 por las medidas antitabaco aplicadas por el presidente Tabaré Vázquez durante su primer período de Gobierno (2005-2010).

    Uruguay contra la mayor tabacalera del mundo

    La demanda de Philip Morris, cuya casa matriz se encuentra en Suiza, señalaba que las normativas aplicadas por Uruguay desde 2006 —como la prohibición de fumar en espacios cerrados y la restricción progresiva de la publicidad de productos de tabaco— atentaban contra la actividad comercial de la empresa y, por tanto, violaban el tratado de inversiones firmado entre Uruguay y Suiza en 1988.

    La empresa multinacional cuestionaba dos medidas concretas tomadas por Uruguay: la decisión de que las advertencias sobre los riesgos de fumar ocuparan el 80% de las cajas y que las marcas no pudieran incluir submarcas de sus cigarrillos, entendiendo que inducían a engaño a los consumidores.

    Con esos argumentos, la firma demandó a Uruguay ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial por un total de 25 millones de dólares.

    El caso tomó relevancia internacional e incluso fue señalado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que respaldó a Uruguay, como un "caso testigo" en el marco del combate al tabaquismo en el mundo. Que el diferendo enfrentara a la tabacalera más importante del mundo con un pequeño país de poco más de 3 millones de habitantes añadió épica al juicio.

    Uruguay buscó los servicios del estudio estadounidense de abogados Foley Hoag, que logró probar durante el juicio que las medidas adoptadas habían sido efectivas para disminuir el consumo de tabaco y que, por tanto, se trataba de "ejercicios razonables del derecho soberano de Uruguay de proteger la salud pública", según consignó la firma de abogados luego del juicio.

    La victoria llegó en 2016 y trajo consigo la obligación de Philip Morris de pagar 7 millones de dólares a Uruguay.

    Disputa entre vecinos que terminó en La Haya

    Uruguay también había protagonizado un juicio de fama internacional en 2006, cuando Argentina denunció a su vecino ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya por la instalación de una planta de pasta de celulosa en la localidad de Fray Bentos, con costas sobre el Río Uruguay y vecina del territorio argentino.

    Argentina reclamaba que la planta —originalmente de la empresa Botnia, hoy de la finlandesa UPM—contaminaba el Río Uruguay, cuya administración es compartida entre Argentina y Uruguay. Tras cuatro años de juicio, tensión política y los puentes entre los dos territorios bloqueados por manifestantes, el tribunal internacional emitió su fallo definitivo el 20 de abril de 2010.

    El fallo no puede considerarse estrictamente una victoria de Uruguay, ya que el tribunal entendió que el país había violado la normativa binacional al no consultar a Argentina respecto de la instalación. De todos modos, la Corte no determinó que la planta contaminaba —tal como señalaba Argentina— y desestimó que Uruguay debiera indemnizar económicamente al Estado argentino. Asimismo, el fallo fue utilizado por Uruguay para reclamar la apertura de los puentes por parte de los activistas.

    Dos juicios más ganados en 2019

    Pero la fama de Uruguay en tribunales internacionales tampoco termina con ese proceso. En 2019, el Gobierno que todavía presidía Tabaré Vázquez anunció que había logrado victorias en otros dos juicios internacionales iniciados años atrás.

    El primero era el presentado por la empresa estadounidense de telecomunicaciones Italba Corporations, que en 2016 reclamó a Uruguay el pago de 100 millones de dólares por haber violado un tratado de inversiones con EEUU al revocar en 2011 un permiso que se le había otorgado en el año 2000 para ofrecer servicios de banda ancha debido a irregularidades en el funcionamiento de la compañía en Uruguay.

    En el caso sucedió algo similar al juicio con Zamin Ferrous, ya que Uruguay logró hacerse de una victoria incluso antes de que se estudiaran las cuestiones de fondo. La defensa uruguaya —que también contó con los servicios de Foley Hoag— reclamó que Italba no era la propietaria real de Trigosul S.A., la empresa a la que se le había dado la licencia.

    El CIADI aceptó el planteo y determinó que la empresa estadounidense no tenía jurisdicción para plantear una violación del tratado de inversiones, desestimando el caso.

    La segunda victoria anunciada por Uruguay en 2019 fue la que obtuvo frente a la empresa Conecta, una firma subsidiaria de la brasileña Petrobras dedicada a brindar servicios de gas por cañería en Montevideo. La empresa acusó a Uruguay de no haber garantizado el "equilibrio económico-financiero" y reclamó un mínimo de 57 millones de dólares.

    Instruido esta vez ante la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, Uruguay no acudió al estudio estadounidense sino a un abogado uruguayo, el exministro del Interior, decano de la Facultad de Derecho y dirigente político Juan Andrés Ramírez.

    El tribunal de tres miembros, presidido por el francés Yves Derains, finalmente desestimó las demandas contra Uruguay, aunque accedió a que el país sudamericano debía renegociar con la firma ante la situación crítica del sector del gas natural. De todos modos, el fallo fue interpretado como una victoria por el Gobierno uruguayo, al no tener que hacer frente al pago de una indemnización.

    Etiquetas:
    Corte Internacional de Justicia en la Haya, Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, La Haya, Derecho Internacional, juicio, Uruguay
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