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    Las tomas de varios municipios por comunidades mapuche en la región de La Araucanía, al sur de Chile, fueron seguidas de desalojos y ataques racistas en contra de este pueblo originario, como la quema de un altar ceremonial (rewe). Son ataques con antecedentes históricos que hablan de apropiación territorial, acorralamiento y violencia patronal.

    La crisis sanitaria derivada de la pandemia del COVID- 19, la discusión parlamentaria por el proyecto del retiro del 10% de los fondos de pensiones y el cambio de gabinete. Los temas que han protagonizado el debate público en Chile invisibilizan aún más lo que está pasando en el sur del país.

    Mientras el Gobierno intenta pasar por alto, sigue la huelga de hambre que mantienen presos políticos mapuche en distintas cárceles de la región de la Araucanía. Algunos de los huelguistas superan los 95 días sin alimentarse. Se trata de una protesta para reivindicar, entre otras demandas, la aplicación del Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) respecto a los pueblos originarios.

    Lienzo con reclamo mapuche en Nueva Imperial
    © Foto : Gentileza Radio Kurruf
    Lienzo con reclamo mapuche en Nueva Imperial

    La crítica situación de salud de varios de los comuneros, entre ellos el machi (líder espiritual) Celestino Córdova, y la nula respuesta de la autoridad han provocado manifestaciones de presión de las comunidades y grupos de apoyo de los presos.

    Las movilizaciones llevaron a la ocupación de varias municipalidades de la región de La Araucanía a partir del lunes 27 de julio. Los municipios de Curacautín, Lonquimay, Victoria, Traiguén, Galvarino y Collipulli amanecieron tomados por diferentes organizaciones mapuche que exigían la aplicación de los acuerdos internacionales sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes.

    Las tomas desencadenaron una respuesta violenta de grupos de civiles antimapuche, quienes resolvieron ir a desalojar los municipios, con la anuencia de las policías de las localidades, que no intervinieron frente a los agresivos ataques.

    ​Respuestas que no son nuevas y que enfrentan a las comunidades con intereses privados y empresariales que explotan las tierras que los mapuche consideran ancestrales.

    "Acá hay un choque cultural con respecto a la cosmovisión y la concepción de la vida que pueden tener los pueblos mapuche versus los que no se consideran. En ese sentido los modelos productivos mapuche son comunitarios, son en comunidad, y sin duda buscan de alguna otra manera el tema de la sobrevivencia y la sustentabilidad, con un respeto irrestricto a la naturaleza y a su territorio", señala a Sputnik Rafael Pizarro Rodríguez, director de la carrera de Administración pública de la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM).

    Episodios que fueron trasmitidos por internet, y que incluyeron brutales agresiones a mapuche, quema de automóviles y cánticos racistas. Hechos que recorrieron el mundo, que fueron condenados por distintos sectores de la sociedad civil, pero que para los especialistas no son hechos aislados, sino que se han dado a lo largo de la historia de Chile.

    Racismo y coordinación antimapuche

    Grupos antimapuche, a las afueras de municipalidad de Curacautín
    © Foto : Gentileza mapuexpress.org
    Grupos antimapuche, a las afueras de municipalidad de Curacautín

    "Necesito saber con cuántos contamos. Porque no vamos a ir diez hueones, porque nos van a sacar la cresta. Tenemos que ser por lo menos 30 o 40 personas. Con palos, porque aquí nos van a pegar. Hay que ir con palos o con lo que necesiten para defenderse. Pero la muni la tenemos que recuperar hoy día".

    Este fragmento de audio, que circuló masivamente en redes sociales previo al violento desalojo y gritos antimapuche en la municipalidad de Curacautín, lo envió Gloria Naveillán, vocera de los agricultores de Victoria-Malleco y excandidata a diputada por la UDI (partido de Gobierno).

    ​Naveillán, cuyas intervenciones públicas son permanentemente difundidas por la ultraderechista Asociación Para la Paz y la Reconciliación de la Araucanía (APRA), ya había causado revuelo y repudio, cuando en enero de 2019, se dio a conocer otro audio, en donde no solo justificaba el asesinato de joven comunero Camilo Catrillanca a manos de Carabineros, sino que también lo trataba de "maldito" y "delincuente".

    La vocera de los agricultores además forma parte de una lista personas que aparecen mencionadas en un informe reservado elaborado por la Dirección de Inteligencia de Carabineros de Chile (policía militarizada) en 2015, y que dio a conocer el diario digital CIPER el miércoles 5 de agosto.

    En dicho documento la policía uniformada chilena analiza a "Grupos de agricultores organizados y su potencial enfrentamiento con comuneros indígenas", e identifica a 35 dueños de fundos que estarían coordinándose entre sí a efectos de "brindarse apoyo ante ocupaciones y/o ataques mapuches".

    Mapuches en Curacautín, luego de ser liberados
    © Foto : Gentileza Radio Kurruf
    Mapuches en Curacautín, luego de ser liberados

    El informe destaca los eventos más importantes de coordinación de los agricultores no mapuches, que según la policía conllevan peligros potenciales, debido a que "en el marco de esos enfrentamientos se produzcan muertos o lesionados graves, sea por la utilización de elementos contundentes o cortantes, o bien, en el peor de los casos, debido al uso de armamento".

    Al respecto, detalla el documento, un elemento importante a considerar es que "la posesión de escopetas e, incluso, revólveres o pistolas, es algo relativamente común entre pequeños agricultores".

    La inquietud de Carabineros, según concluyen, es lo alarmante de la situación por cuanto podría implicar la posibilidad de que se produjeran graves enfrentamientos entre agricultores y comuneros, "y de ese modo se dé inicio a una espiral de venganzas".

    Otro peligro, según la fuerza policial, es que "la situación se salga de control y los agricultores terminen creando un grupo de tipo paramilitar, o bien contratando mercenarios para amedrentar a los líderes indígenas".

    Un temor que tomó fuerza la semana pasada tras los violentos enfrentamientos que se dieron en las tomas, incendios y desalojos de las municipalidades de la Araucanía, pero que en la memoria del pueblo mapuche no son inéditos.

    Un pueblo con memoria

    Encuentro mapuche en lof (territorio) Liempi Colipi
    © Foto : Gentileza HUE NEHUEN
    Encuentro mapuche en lof (territorio) Liempi Colipi

    Lo cierto es que la reacción de los agricultores a las distintas demandas efectuadas por las comunidades mapuche tiene antecedentes a lo largo del siglo XX y particularmente durante el proceso de la Reforma Agraria.

    Para el historiador Martín Correa, especialista en el análisis territorial y tenencia de la tierra indígena, y autor de los libros La Reforma Agraria y las Tierras Mapuche y Las Razones del Illkun/Enojo, el conflicto en la Araucanía responde a la forma en que se obtuvieron las tierras pertenecientes a los mapuche, tras la ocupación militar del Estado chileno a partir de 1862 y la instalación de colonos europeos de dichas tierras a partir de 1883. Además de la intensificación de proceso inmigratorio interno con la llegada de colonos chilenos.

    "Hay que remitirse a la historia, no se le puede negar, como he dicho no se le puede negar. Está comprobado que cuando llegan los colonos queman rucas, matan, persiguen y amplían sus dominios", detalla Correa en conversación con Sputnik.

    "Estoy hablando de situaciones que están documentadas en los juzgados, en el Parlamento de Koz Koz, en las memorias del Ministerio de Tierras y Colonización, entre otras instancias y que forman parte de la historia mapuche, mas no de la historia de Chile", agrega el historiador.

    Para 1901 se encontraban censados 36.000 ciudadanos europeos, que residían en el territorio mapuche, de los cuales, 24.000 eran colonos contratados por la Agencia de Colonización del Estado, mientras que los otros 12.000 llegaron por sus propios medios. Esta cifra correspondía al 1,3% del total de la población nacional chilena según el censo de 1895.

    "Cuando llegan los colonos, a ellos se les entrega una cantidad de tierras mucho mayor que la que se les da a los mapuche, a quienes se les reconocen dominio, a través de los Títulos de Merced, de 200 o 300 hectáreas para 30 familias" explica Correa.

    En cambio, a un colono vecino y su familia se les adjudica espacios territoriales mucho mayores, para una sola familia, además de "una yunta de bueyes, una vaca parida, tablas, clavos, salud, pasajes y sueldos".

    Esto evidencia un trato discriminatorio, porque "a unos se les castiga y se les reduce, a otros se les premia y apoya", considerando que ambas podrían ser consideradas poblaciones pobres.

    Comunidad mapuche
    © Foto : Gentileza CONADI
    Comunidad mapuche

    El avance del Estado chileno en este proceso de colonización a través de la asignación, venta y remate de territorios del pueblo mapuche, que se quedó, según el Informe de la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato con los Pueblos Indígenas del 2005, con solo el 5% de sus territorios originales.

    Esta historia que parece ser muy lejana, para el historiador, está muy presente en las comunidades: "Todo eso forma parte de la memoria mapuche y esta, a diferencia de la memoria chilena, no es de corta duración".

    "En el caso de las familias mapuche la memoria se transmite oralmente de abuelo a nieto y, desde la ocupación militar de La Araucanía hasta hoy día. Desde 1880, 1870, hay tres a cuatro generaciones", analiza Correa.

    En definitiva, "lo que les pasa hoy a los jóvenes mapuche les pasó a sus abuelos, y al abuelo de su abuelo, que son 140 años que, para un pueblo con memoria como el pueblo mapuche, es ayer", indica.

    Grupos antimapuche desde la Reforma Agraria (1962-1973)

    Campesinos en proceso reforma agraria
    © Foto : Gentileza Museo de la Memoria y los derechos Humanos
    Campesinos en proceso reforma agraria

    Apellidos como Luchsinger, Becker o Taladriz, que aparecen en el informe de Carabineros del 2015, se repiten cuando se comparan con las familias que resistieron la aplicación de la Reforma Agraria, un proceso que buscaba terminar con la improductividad del latifundio, redistribuyendo la tierra y permitiendo la sindicalización campesina.

    El propio Martín Correa, en su investigación sobre este proceso en el territorio mapuche, se detiene en el caso de las recuperaciones de tierras y la respuesta patronal, a través de los llamados Comités de retoma.

    "La movilización mapuche debió́ enfrentar, durante el año 1972, la violencia organizada por la derecha política y las organizaciones de agricultores, que implementaron como respuesta a las ocupaciones de fundos propiciadas por las comunidades y sus organizaciones la 'retoma' armada de los predios", relata el historiador.

    La organización patronal, según el investigador, repelió en forma armada la ocupación de predios en disputa, como fue el caso de del fundo Huilio, donde los agricultores premunidos de armas de fuego protagonizaron los violentos incidentes que culminaron con la muerte de los hermanos Cheuquelen.

    El Diario Austral de Temuco informó de los sucesos señalando "1 muerto y 5 heridos en desalojo de fundo. Repelida a balazos 'toma' del Netuaiñ Mapu: El hecho ocurrió́ en el fundo 'Hilio' de Imperial. Dos mujeres, una embarazada, entre los heridos. Todos son mapuches. Detenido hijo del propietario y armas confiscadas".

    "Buena parte de los predios ocupados por las comunidades mapuche —que exigían la restitución de las tierras usurpadas— fueron desalojadas por las organizaciones paramilitares, formadas por los propietarios agrícolas, denominadas Comité de retoma", señala Correa.

    Estas organizaciones tuvieron por característica erigirse en una respuesta inmediata a las recuperaciones de tierras de las comunidades mapuche, para impedir que se consolidara la demanda territorial y, adelantándose al accionar del Gobierno de la Unidad Popular, para resolver el conflicto, "actuando al margen de la ley y por mano propia", detalla en su libro el historiador.

    Agricultores no mapuches de ayer y hoy

    Comunidad mapuche
    © Foto : Gentileza Pablo Salas
    Comunidad mapuche

    Fue el caso de las comunidades mapuches Pedro Huilcal e Ignacio Huilquilao, que, en febrero de 1972, intentaron recuperar tierras del fundo Santa Ana, de propiedad de Lorenzo Taladriz, y del Fundo Las Piñas, de Alfredo González Taladriz —familia que aparece en el informe del 2015 revelado el último 5 de agosto—.

    Los mapuche alegaban que dichas tierras pertenecían a su Título de Merced (derechos de propiedad sobre un predio, otorgados por la Comisión Radicadora de Indígenas tras la ocupación dela Araucanía). La autoridad de la época reconoció́ como legítima la demanda de las comunidades mapuche.

    Como lo señala Martín Correa, los agricultores comenzaron a organizar la retoma y la llevaron a cabo el 2 de febrero de 1972, a las 20.30 h, cuando una caravana de 50 vehículos, con aproximadamente 120 personas, se acercó́ a las casas del fundo Las Piñas, y se produjo "una balacera en el lugar, a cuyo ruido acudió́ un contingente de Carabineros, resultando detenidos cinco mapuches, cuatro hombres y una mujer", de acuerdo al informe del Diario Austral de Temuco.

    Las acciones de retoma implementadas por las organizaciones patronales, según Correa, tenían como resultado el desalojo de los mapuches que intentaron recuperar las tierras usurpadas y alcanzar el objetivo de amedrentar a las organizaciones mapuches, con el fin de impedir que se manifestaran sus demandas territoriales.

    Una historia que se exacerbó en forma trágica en la dictadura cívico-militar en Chile, durante la cual, según detalla un estudio del 2016, hubo 171 víctimas mapuche. Gran parte de estos asesinatos y desapariciones se enmarcan en los conflictos territoriales históricos "frente al acaparamiento del latifundio colonial y los despojos estatales de tierras causados a numerosas comunidades mapuche", según informa el colectivo de comunicación mapuche Mapuexpress.

    Durante la transición son varios los hechos de violencia protagonizados por agricultores que se han organizado para impedir o desalojar a mapuche en su reivindicación de tierras ancestrales. Y son 16 los mapuche que han resultado muertos durante los gobiernos de Ricardo Lagos (2000-2006), Michelle Bachelet (2006-2010; 2014-2018) y Sebastián Piñera (2010-2014; 2018 hasta la actualidad).

    Mural de Camilo Catrillanca
    © Sputnik / Carolina Trejo
    Mural de Camilo Catrillanca

    Hoy la posibilidad de diálogo concreto, tras los violentos desalojos y los cánticos racistas, a lo que se suma el informe elaborado por Carabineros sobre 35 familias organizadas, muchas con cargos gremiales y políticos, además de conexiones con distintas autoridades, se ve lejana. Sobre todo, cuando las demandas de las comunidades mapuche afectan grandes intereses económicos.

    "Acá lo importante es poder establecer desde el Estado un mecanismo de normalización del diálogo, mecanismos institucionales que permitan la incorporación y la satisfacción de las demandas históricas del pueblo mapuche, que en definitiva generen la cohabitación de dos formas de entender la vida y no tratar de imponer solo una", opina Rafael Pizarro.

    El werkén Rodrigo Curipán, vocero de la huelga de hambre de los presos políticos de la cárcel de Angol, señaló a la prensa que cuando el nuevo ministro del Interior, Víctor Pérez, habló de que no hay prisioneros políticos y solo hay delincuentes y terroristas, dejó abierta la puerta para que grupos organizados antimapuche puedan actuar.

    "Ellos encontraron que la mejor forma de actuar era justamente en un horario que les diera impunidad, ¿y cuál es el horario? El toque de queda. ¿Con quién participó? Con la institución del Estado que ha reprimido permanentemente a los mapuche", dijo Curipán a La Izquierda Diario.

    El werkén cree que la situación que se hoy vive en la Araucanía solo se resuelve si el Gobierno toma protagonismo en las decisiones: "Que el Gobierno se ponga derechamente de nuestro lado".

    "Lo que estamos pidiendo al Gobierno es que tenga la capacidad de abordar este asunto como un problema político, no como un problema judicial, un problema penal. Si se sigue actuando con tanta impunidad contra los mapuche estamos abiertos a una situación que podría terminar perfectamente en una guerra civil y nosotros hemos sido claros, no toleramos la violencia de parte del Estado, menos se va a tolerar la violencia de parte de civiles contra mapuche".
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    reforma agraria, oligarquía, Carabineros de Chile, Rodrigo Curipán, asesinatos, Camilo Catrillanca, mapuches, Chile
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