El juez Peterson Barroso Simao, del Tribunal de Justicia del Estado de Río de Janeiro, determinó "la suspensión del decreto 47.683", publicado por el ayuntamiento de Río a finales de julio y que permitía que las escuelas privadas que así lo desean retomasen las clases a partir del 1 de agosto.
La decisión judicial también prohíbe a la alcaldía publicar cualquier medida que suponga un retorno a las actividades educativas presenciales en las guarderías y escuelas privadas, bajo multa de 10.000 reales (1.800 dólares) al alcalde Marcelo Crivella por cada día de incumplimiento.
Las clases en las escuelas públicas, de momento, siguen suspendidas y sin previsión de fecha de retorno; los niños que ya empezaron a ir a las escuelas privadas, deberán volver a sus casas.
El estado de Río de Janeiro (sureste) es el segundo más afectado de Brasil por la pandemia, con casi 14.000 muertos y más de 170.000 casos confirmados de COVID-19.
