18:11 GMT22 Septiembre 2020
En directo
    América Latina
    URL corto
    Por
    0 10
    Síguenos en

    Una nueva denuncia contra el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue presentada en la Corte Penal Internacional por una red de sindicatos de trabajadores de la salud del país, acusándolo de cometer crímenes contra la humanidad por su manejo de la pandemia del nuevo сoronavirus. Sputnik le trae los pormenores del caso.

    La coalición sindical liderada por la Red sindical brasilera UniSaúde que representa a más de un millón de trabajadores del sector en instituciones públicas y privadas del país continental de América del Sur, fundó su acción contra el presidente en "fallas graves y mortales en la conducción de la pandemia de COVID-19", según el texto de la misiva a la que accedió Sputnik.

    "Las organizaciones que presentamos la denuncia entendemos que en la acción y omisión del Presidente como máxima autoridad del país se configura, según el Estatuto de Roma, el crimen de genocidio que no es una posibilidad futura sino que está sucediendo en este momento", dijo a Sputnik Marcio Monzane, secretario regional de UNI Américas, el brazo continental del sindicato mundial UNI Global.

    El contexto

    Al momento de su presentación, Brasil registraba 80.000 fallecidos a causa del COVID-19. Menos de diez días después, la cifra de muertos por el nuevo coronavirus en el país asciende a 94.700 personas que perdieron la vida desde marzo, una cifra que ha superado a todos los conflictos armados del país, así como las cifras de homicidios cometidos durante todo el año previo.

    "El elemento técnico central de la denuncia es que el Gobierno es responsable de las acciones que llevaron a esta situación", explicó Monzane en diálogo con Sputnik.

    El representante para América Latina del Sindicato global relató a este medio que al inicio de la crisis sanitaria, presentaron un oficio al presidente Bolsonaro, así como a sus secretarios de Salud y de Trabajo "que fue completamente ignorado"

    "No consideraron nuestras percepciones para atender la pandemia sobre los exámenes de diagnóstico ni la capacitación para los trabajadores, tampoco acerca de la necesidad de crear una coordinación nacional para seguir los rastros de contagio, sobre los insumos y medicamentos necesarios ni los equipos de protección para el personal de salud y las atención a las personas en riesgo o el aislamiento de quienes traten el COVID-19 en el sector", detalló la fuente.

    En cambio, la actitud del Gobierno bolsonarista ha sido la de promover abiertamente el uso de un fármaco llamado hidroxicloroquina, que ha sido descartado por científicos de otros países del continente por su nula eficiencia en el tratamiento de la enfermedad provocada por el virus SARS-CoV-2.

    En cambio, el Gobierno ha avanzado con reformas estructurales que ponen a su propia población en un riesgo mayor como puede leerse la reciente reforma legal que abre el camino del país hacia la privatización del servicio de saneamiento y agua potable, que va a excluir a proporciones mayores de población de este derecho básico.

    "El proceso de privatización del sistema de saneamiento y agua que avanza en el país va a hacer que los habitantes más vulnerables de las favelas o los pueblos indígenas no tengan acceso al agua potable, porque a las empresas privadas no van a querer llevar agua hasta allá, porque eso es un papel del Estado", apuntó Monzane.

    A pesar de la adopción de un auxilio emergencial de 600 reales a la población vulnerable (112 dólares) que tiene un altísimo costo en las arcas públicas —aún mayor que el Programa estrella de las anteriores décadas de progresismo llamado "Bolsa familia"— Bolsonaro había propuesto originalmente que el monto fuese de 200 reales de apoyo (37 dólares) el cual subió cuando fue discutido en el Poder Legislativo.

    En contrapartida, el presidente vetó a comienzos de julio catorce artículos de una ley de emergencia que había sido aprobada por el Congreso Nacional vinculados al diseño de una estrategia de contención específica de la pandemia en poblaciones vulnerables, como las indígenas y quilombolas del país.

    "La pandemia es la mayor guerra que ocurre en nuestra generación según el número de muertes que se registran, no hay otra cosa parecida y el Gobierno brasilero tomó decisiones que no contribuyeron a su contención", apuntó Monzane.

    La denuncia

    Hay otras tres denuncias contra el presidente Jair Bolsonaro que han sido presentadas previamente contra el mandatario brasileño ante la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, Holanda, que fue creada por mandato del Estatuto de Roma, de 1998.

    Desde su entrada en vigor en 2002, la CPI tiene jurisdicción sobre los crímenes más graves cometidos contra los derechos humanos y el derecho humanitario, agrupados en cuatro categorías: genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y crímenes de agresión.

    La cuarta denuncia contra Bolsonaro ante la CPI fue presentada por correo electrónico en la madrugada del domingo 26 de julio y fue notificada como recibida a sus patrocinantes. Sin embargo, la instancia no se rige por plazos procesales como sí tienen las justicias nacionales.

    La decisión de subir a este nivel de justicia está directamente vinculada, según dijo Monzane a Sputnik, con la falta de acceso a la justicia que se denuncia localmente.

    La fuente explicó que hay varios pedidos de impeachment del presidente que no se han tramitado, así como denuncias incluso del Supremo Tribunal Federal que no han sido abiertas por el Fiscal General de la República, Augusto Aras, designado por Bolsonaro en septiembre de 2019, quien sustituyó en el cargo a Raquel Dodge, la Fiscal del anterior Presidente, Michel Temer.

    "Entendemos que la situación que se vive en Brasil es grave y urgente y que no hay hoy en el país espacio para solucionar esto, porque hay todo un mecanismo de bloqueo de las investigaciones contra el presidente", apuntó Monzane.

    Por eso, han buscado la acción de la Corte Penal Internacional, buscando innovar respuestas ante esta situación de urgencia.

    "Este el llamado que hacemos a la CPI: hay un crimen aconteciendo y necesitamos una respuesta para esta situación que dentro del país no es posible encontrar. No somos los únicos que estamos pidiendo ayuda, para graficar lo que está pasando con una metáfora puedo decir que Bolsonaro tiene su rodilla en el cuello de la población brasilera y que la población brasilera no está pudiendo respirar", concluyó.

    Etiquetas:
    Corte Penal Internacional (CPI), La Haya, crímenes de lesa humanidad, Jair Bolsonaro
    Normas comunitariasDiscusión
    Comentar vía SputnikComentar vía Facebook