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    LA PAZ (Sputnik) — El Gobierno transitorio boliviano mantiene bloqueada una ley que obligará a las clínicas privadas a atender a pacientes de COVID-19 remitidos desde el sistema público de salud, denunciaron la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, y líderes parlamentarios.

    "Denunciamos públicamente esta conducta, que además de infringir la Constitución Política del Estado pone en situación de riesgo y vulnerabilidad la salud de la población", dijo en una conferencia de prensa la Defensora, que promovió esa ley.

    Paralelamente, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Choque, afirmó que a la presidenta Áñez "no le da la gana aprobar [promulgar] la ley y eso perjudicará a todos los pacientes [porque] varios hospitales han colapsado, ya no tienen unidades de terapia intensiva", según un informe de su oficina de prensa.

    El nuevo roce entre el Gobierno y el Parlamento controlado por el Movimiento Al Socialismo, al que se sumaba la Defensoría del Pueblo, estalló mientras las estadísticas oficiales señalaban que el país superó ya los 75.000 contagios de COVID-19, con casi 3.000 decesos.

    Cruz y Choque reaccionaron ante el anuncio oficial de que Áñez decidió remitir al Tribunal Constitucional la ley sobre las clínicas privadas, repitiendo el procedimiento que utilizó en días pasados para frenar otra ley sancionada por el Parlamento que regula las donaciones de plasma para tratamiento de COVID-19.

    El viceministro de Salud, Miguel Ángel Delgado, dijo este 31 de julio que la Presidenta transitoria esperaría el pronunciamiento del Tribunal Constitucional, que podría demorar varias semanas, antes de eventualmente firmar ambas leyes.

    "Observamos la falta de acción oportuna, diligente y un evidente incumplimiento de deberes por parte de la Presidenta transitoria por la omisión en la promulgación de la referida Ley" de atención de enfermos de COVID-19 en centros privados, dijo la Defensora.

    Añadió que la postergación de esa norma dejaba a sectores afectados por la pandemia en un "estado de vulnerabilidad absoluta" por el colapso de los hospitales públicos.

    El líder de la Cámara de Diputados exhortó a Áñez a promulgar la ley y a considerar además planes para habilitar centros de tratamiento de enfermos de COVID-19 en campos feriales, coliseos y otras infraestructuras, ante el sostenido crecimiento del número de infectados.

    La ley establece que las clínicas y otros centros privados de salud deben atender gratis, obligatoriamente y sin dilación a los pacientes de COVID-19 que sean remitidos desde el sistema público y que el Gobierno pagará esos servicios según tarifas oficiales.

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