A partir de su llegada a la Ciudad de México, el tiempo para Lozoya Austin ha comenzado a correr dado que en un plazo máximo de seis meses deberá realizar todo el protocolo legal —denunciar, declarar y presentar evidencia— que permita a la Fiscalía General de la República (FGR) levantar acusaciones contra los otros participantes de los actos de corrupción por los que se le culpa.
En caso de que la evidencia presentada no sea suficiente, Lozoya será vinculado a proceso, tal y como estaba previsto, por los delitos de lavado de dinero, cohecho y asociación deluctuosa; esto, por haber recibido sobornos por parte de la empresa Odebrecht y la compra de Agronitrogenados a Altos Hornos de México, durante su período como director de Pemex.
Sin embargo, el orden de hechos indica que el plan de la defensa del exdirector de Pemex apunta hacia la obtención de un criterio de oportunidad, el cual se basa en denunciar y aportar información para inculpar a otros participantes de los delitos con un grado mayor a los que se le imputan.
Para salvarse de pisar la cárcel o, por lo menos, tener derecho a una pena mínima, Lozoya deberá probar, como ya ha dicho en las primeras audiencias, que fue "intimidado, presionado, influenciado e instrumentalizado" por un aparato de poder conformado por altas autoridades del Estado Mexicano, que estuvo constituido con el objetivo de abusar de ese poder que legítimamente les concedió.
El aparato de poder del que habla posiblemente involucre a personajes relevantes del gobierno pasado, quienes habrían sido los responsables de los actos de corrupción que implican a la empresa brasileña Odebrecht, a Altos Hornos de México y posibles sobornos a legisladores a cambio de aprobar reformas.
