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    BOGOTÁ (Sputnik) — Tres masacres en los últimos cuatro meses en la frontera con Venezuela, 95 líderes sociales asesinados desde marzo, 15 excombatientes de las FARC muertos entre marzo y junio... la violencia enfermiza que durante décadas ha marcado a Colombia no menguó con el confinamiento por el COVID-19. Peor aun: parece crecer.

    Aunque durante todo el mes de abril la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN) mantuvo un cese del fuego unilateral como "gesto humanitario" por la pandemia, que para entonces llevaba solo un par de días de haber sido declarada, la realidad es que desde esa fecha ni ese grupo ni ningún otro ha dado muestras de tregua y, por el contrario, la violencia se ha aprovechado del confinamiento para sembrar terror en varias comunidades.

    "El Gobierno debe rectificar las políticas de seguridad, porque esto demuestra que no se logra contener ese tipo de violencias, y peor en situaciones de pandemia", dijo el martes 28 Camilo González, director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), en la presentación virtual de un informe sobre líderes sociales asesinados.

    Dicho informe reveló que desde la firma del Acuerdo Final de Paz, en noviembre de 2016, un total de 970 líderes y defensores de derechos humanos han sido asesinados, de los cuales 95 se contabilizaron entre el 6 de marzo y el 15 de julio último, es decir, durante la pandemia de COVID-19.

    Llamado sin eco

    La situación es tan aguda que incluso un llamado que en marzo hizo el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, para disminuir los conflictos en el mundo a raíz de la pandemia no tuvo eco en Colombia.

    "A pesar de la pandemia y las restricciones oficiales que se han impuesto, acciones violentas siguen impactando territorios y comunidades", aseguró un mes después el representante especial del secretario de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Massieu.

    Hoy la situación persiste de una manera tan brutal que así lo calificó un informe de la organización Human Rights Watch (HRW), que el 15 de julio anterior denunció cómo diferentes grupos armados ilegales de diversa índole han cometido asesinatos y otros abusos contra civiles para imponer sus propias medidas en contra de la propagación del COVID-19 en Colombia.

    Según el reporte, tales organizaciones han amenazado, asesinado y atacado a quienes consideran que no cumplen con sus normas frente a la pandemia, las cuales incluyen toques de queda en algunas regiones descubiertas por el Estado, restricciones en la movilidad, quema de vehículos, panfletos amenazantes y asesinatos.

    Así las cosas, el remedio resulta peor que la enfermedad, pues el confinamiento ha alentado la violencia de los grupos armados ilegales, que también son responsables del desplazamiento forzado de varias comunidades.

    "Existen expresiones de fuerzas asociadas con las economías ilícitas que aspiran a tener un control territorial y, por lo tanto, ven como un enemigo estratégico el papel de las organizaciones sociales en el territorio", lo que pone en riesgo "la vida comunitaria y el medio ambiente", señalo el martes una publicación de la Agencia Prensa Rural, que representa a las comunidades campesinas en resistencia.

    Realidad vergonzosa

    La realidad de Colombia es tan evidente como vergonzosa, y esta semana ha sido más notoria, ya que ha coincidido con la presentación de informes que la exponen ante el mundo.

    El miércoles 29, la organización inglesa Global Witness señaló que, de un total de 212 defensores del ambiente que fueron asesinados en 2019 en el mundo, más de la mitad se concentró en Colombia y Filipinas.

    "Más de la mitad de todos los asesinatos reportados el año pasado ocurrieron solo en dos países: Colombia (con el mayor número registrado: 64 asesinatos en un año) y Filipinas (que aumentó de 30 asesinatos en 2018 a 43 en 2019)", reveló.

    Pocas horas antes de que ese informe se diera a conocer desde Londres, en Colombia el partido de izquierda FARC denunció el asesinato de otro excombatiente, el número 222 desde que se firmó la paz, luego las autoridades daban cuenta de la masacre de cuatro hombres en la zona rural del municipio de Cúcuta (nordeste), cerca de Venezuela, con lo cual suman ya cinco matanzas en esa región en lo va del año.

    Este jueves, el fiscal General de Colombia, Francisco Barbosa, reveló que se han esclarecido en un 57% los crímenes y agresiones a defensores de derechos humanos reportadas por Naciones Unidas, lo que, a su juicio, representa "avances significativos" en 224 de los 393 hechos y por lo cual se han condenado ya 60 personas.

    Sin embargo, no se refirió a otros hechos de violencia generalizada en el país, la misma que está en una curva ascendente desde hace tiempo y que sobrepasó con creces a la de contagios y fallecidos por el COVID-19, que apenas se acerca a su pico en el país, con 276.055 casos y 9.454 decesos desde marzo. 

    Etiquetas:
    conflicto armado, asesinatos, líderes sociales, coronavirus en América Latina, COVID-19, FARC, exguerrilleros, violencia, Colombia
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