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    LIMA (Sputnik) — El 15 de marzo, el presidente de Perú, Martín Vizcarra, anunció la cuarentena por la pandemia y la suspensión de las actividades económicas por 15 días. Los peruanos y los sectores laborales, sin protesta, aceptaron algo que sonaba a un breve descanso, todos menos la fuerte minería.

    A horas del anuncio presidencial, María Isabel León, presidenta de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), que agrupa a los mayores inversores privados en Perú, manifestaba su oposición a una medida que —entonces nadie lo podía siquiera advertir— se extendería por 3 meses y medio.

    "Uno no puede pensar que los campamentos mineros se van a detener durante quince días porque paralizarían la actividad minera", dijo entonces la presidenta de la Confiep, poniendo en entredicho la necesidad de suspender al menos por algunos días una actividad que aporta, en su modalidad formal, el 14% del producto interno bruto, según propias cifras de la Confiep.

    Este llamado de la Confiep, apoyado por la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, tuvo eco en el Gobierno, el cual, a los pocos días incluyó a la minería como una actividad esencial a fin de que pueda operar en actividades mínimas de mantenimiento en los yacimientos.

    Privilegios y extracción

    "El entonces primer ministro, Vicente Zeballos, salió a decir que a ciertas actividades se les iba a considerar como esenciales, incluyendo a la minería. Dijo que se iba a permitir que operen para labores mínimas (sin extracción), pero ¿quién sabe si eso realmente se cumplió?, ¿quién fiscalizó?", dice Luis Gárate, miembro del Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú, para Sputnik.

    Trabajador de la industria minera en Chile
    © Foto : Gentileza Ministerio de Minería Chile
    Desde luego, la ferocidad del nuevo coronavirus hizo que el estado de emergencia se ampliase sucesivamente hasta que, a fines de abril, el Gobierno anunció un plan de reactivación económica de cuatro fases mensuales. La minería estuvo incluido para la primera fase correspondiente a mayo.

    El 6 de mayo, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) emitió una resolución que establecía los protocolos sanitarios para que los yacimientos vuelvan a operar. Sin embargo, según denunció la organización Cooperacción, estos no especificaban una periodicidad para la realización de las pruebas de despistaje, además de dejar a las mineras la potestad de aplicar o no pruebas a trabajadores con puestos de trabajo de riesgo bajo de contagio.

    Bajo este panorama, las denuncias salidas desde los propios yacimientos, ubicados por lo general en zonas alejadas de la sierra peruana, no tardaron; con trabajadores afirmando que el virus ya estaba haciendo su labor destructiva sin que nadie se entere.

    "Hace semana y media presentamos el reporte del primer semestre de este año del Observatorio de Conflictos Mineros, y una de la cosas mostramos es que uno de los sectores más afectados es el de los mineros (...) Ha tenido muchos descuidos con la aplicación de protocolos sanitarios, cosa que se advirtió desde la sociedad civil porque los trabajadores son personas que se desplazan desde las ciudades hasta los campamentos, y ese desplazamiento implica un riesgo", afirma Gárate.

    Muertes no oficiales

    El miembro del Observatorio señala que no se cuentan con cifras oficiales de trabajadores fallecidos y contagiados por el COVID-19 en el sector minero. Sin embargo, hace más de 2 semanas, la entonces titular de Minería, Susana Vilca, declaró que existían más de 3.000 casos de mineros infectados.

    "Creemos que esta cifra ha ido subiendo. No tenemos la contabilidad exacta, pero te puedo decir que han seguido saliendo denuncias de diferentes unidades mineras que señalan que existe esta circunstancia de exposición y contagios", afirma Gárate quien, además, estima que se estaría frente a un universo de cerca de 200.000 trabajadores formales en el sector.

    Por otro lado, afirma que en el reporte del Observatorio se señala el número de fallecidos en 2 víctimas aunque "es probable que hayan pasado a 4 o 5 fallecidos porque no se cuenta con información oficial".

    El Gobierno realizó un cambio de ministro de Energía y Minas el 15 de julio, asumiendo el economista Rafael Belaunde. Los trabajadores mineros esperan que, bajo esta nueva administración, se realice una fiscalización más acuciosa en el sector, así como se expongan las cifras reales que den una idea ajustada del impacto de la pandemia en el sector extractivo.

    Etiquetas:
    pandemia de coronavirus, coronavirus en América Latina, COVID-19, Perú, minas
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