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    BUENOS AIRES (Sputnik) — Nunca un integrante de la dictadura franquista que subyugó a España durante cuatro décadas rindió cuentas ante la justicia. Es un estigma que mancilla la historia de la nación europea y que perdura cuarenta y cinco años después de que el país entrara en democracia.

    Argentina no rescatará a España de esa vergüenza, pero sí ha dado amparo a las víctimas del franquismo a través de una causa judicial que investiga la violación de derechos humanos de aquella dictadura. Es la única en el mundo que lo hace.

    Hace diez años que el proceso vio la luz y muchos querellantes han perdido la vida sin obtener justicia, incluido el denunciante que dio origen al expediente, Darío Rivas.

    Querellantes a la espera

    Pero alguien tendrá por fin que responder por los crímenes del franquismo. Ese sujeto se llama Rodolfo Martín Villa. La jueza que instruye la causa, María Servini, fijó su declaración indagatoria "el día jueves 3 de septiembre del año en curso, a las 11:00 horas (16.00 hora española) (…), para lo cual deberá el nombrado constituirse en el Consulado General de la República Argentina en Madrid", de acuerdo al fallo al que accedió en exclusiva esta agencia.

    El interrogatorio será llevado adelante de forma virtual, lo que salva uno de los últimos escollos que ha encontrado la magistrada para concretar la citación. Después de cuatro años de dilaciones, Servini había decidido trasladarse a Madrid a finales de mayo para realizar la audiencia el día 26 de manera presencial. Faltaba una pandemia que la obligara a cancelar el viaje.

    "Martín Villa es un genocida que tiene que estar en prisión, pero una la cárcel común para los genocidas como en Argentina", expresó a Sputnik la segunda querellante original de la causa, Inés García Holgado. "No importa que los asesinos de mis familiares estén muertos, la declaración de Martín Villa y posteriores asesinos ayuda a que todos juntos, una parte de la reivindicación tan buscada".

    Inés, que junto con la tercera denunciante del caso, Adriana Fernández, mantiene viva la querella desde Argentina, reconoce que la reivindicación total, no obstante, es individual en cada víctima. "Personalmente, no sé si alguna vez podré sentirla", admite.

    Adriana asiente. "Como querellantes, esperamos que esta vez se concrete esta indagatoria porque el tiempo pasa y ya son muchas décadas en que las víctimas siguen reclamando la justicia que no llega, y los victimarios van muriendo sin la pena que les corresponde por los crímenes cometidos"

    Respuestas pendientes

    Martín Villa fue ministro entre 1975 y 1981 durante la etapa de la Transición que siguió a la muerte del dictador Francisco Franco (1936-1975). Hasta 1982 fue además vicepresidente del Gobierno de Leopoldo Calvo-Sotelo.

    El exministro, que ha mostrado su voluntad de declarar ante la jueza argentina, está acusado de doce asesinatos, homicidios agravados "en un contexto de crímenes contra la humanidad", lo que puede conllevar cadena perpetua. Con posterioridad se añadieron a la causa otras querellas individuales que le atribuyen además los delitos de privación ilegítima de la libertad, torturas y lesiones graves.

    Sobre Martín Villa pesa la mayor masacre ocurrida durante la Transición, conocida como los "sucesos de Vitoria", en referencia a la matanza de cinco trabajadores en marzo de 1976 durante una represión policial en la capital alavesa (norte).

    Martín Villa ejercía en ese momento como ministro de Relaciones Sindicales, cargo que ocupó entre diciembre de 1975 y julio 1976.

    El exfuncionario, de 85 años, también debe responder por el homicidio de otras seis personas en el marco de otros operativos policiales cuando dirigía el Ministerio de la Gobernación —que después pasó a ser del Interior—, cartera que controlaba las Fuerzas de Seguridad del Estado español y que él comandó hasta 1979.

    El año pasado también se incorporó al expediente una nueva denuncia contra Martín Villa por la masacre que tuvo lugar durante los Sanfermines el 8 de julio de 1978 en Pamplona (norte), cuando las Fuerzas de Seguridad mataron a un joven llamado Germán Rodríguez e hirieron a otras 300 personas al disparar sobre una multitud en la plaza de toros de la capital navarra.

    Justicia universal

    Los delitos de lesa humanidad que investiga Servini desde la apertura de la causa, en 2010, ocurrieron entre el 17 de julio de 1936, fecha del golpe cívico-militar que comandó Franco, y el 15 de junio de 1977, cuando se celebraron las primeras elecciones democráticas.

    Quedan vivos 15 españoles acusados de crímenes cometidos durante el franquismo de los 20 originales que imputó Servini en octubre de 2014, cuando dictó órdenes internacionales de detención contra todos ellos.

    Argentina investiga los delitos de la dictadura española bajo un principio del derecho internacional conocido como justicia universal, que permite a cualquier país investigar crímenes imprescriptibles con independencia de dónde o cuándo se hayan cometido.

    Desde el inicio de la causa España se ha negado a colaborar con la justicia argentina y ha dificultado cualquier posibilidad de que Servini tome declaración a los acusados bajo la justificación de que los delitos han prescrito y que a los acusados les ampara la Ley de Amnistía de 1977.

    Etiquetas:
    franquismo, democracia, dictadura, Argentina
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