El magistrado "procesó al exministro Dujovne", informaron fuentes judiciales a las que accedió Sputnik.
El 27 de julio, en la misma causa, fue procesado el exministro de Transporte, Guillermo Dietrich (2015-2019).
El exministro fue además embargado por 100 millones de pesos (1,3 millones de dólares).
En su defensa, el acusado señaló que no había tenido ninguna participación en la renegociación de los contratos de concesión de las autopistas, y que su ministerio no había emitido ningún juicio de valor sobre este asunto.
De acuerdo a la resolución de Canicoba Corral, Dujovne "omitió intencionalmente intervenir, conforme el cargo que desempeñaba, ministro de Hacienda de la Nación".
El exministro también "incumplió lo establecido por el decreto 367/2016, en el trámite de la renegociación contractual, el cual debería haber suscripto, y en todo caso haber confeccionado los informes técnicos, económicos y [los] dictámenes jurídicos propios de esa cartera con incumbencia en la materia", añadió el juez en su fallo.
Tres procesados más
El magistrado había procesado al exministro de Transporte por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
En el expediente ya habían sido procesados por los mismos delitos el exdirector de Vialidad Nacional, Javier Iguacel, y el ex Procurador del Tesoro Nacional, Bernardo Saravia Frías.
Los funcionarios del Gobierno de Macri "actuaron con intención de perseguir una finalidad: beneficiar a las mencionadas empresas", lo que "generó un perjuicio económico al erario público, producto de un actuar doloso", sostuvo el juez.
El juez considera probado que "existió un acuerdo previo de naturaleza clandestina" entre los funcionarios y empresarios para beneficiar a Autopistas del Sol, cuyo accionista era la empresa del entonces presidente Macri, y al Grupo Concesionario del Oeste.
Forzar una prórroga
Tres días antes de que Macri asumiera como presidente, el 10 de diciembre de 2015, Ausol, a través de su controlante española Abertis, presentó una demanda contra el Estado por más de 1.100 millones de dólares, por supuestos atrasos tarifarios.
Sin que existiera ningún dictamen, auditoría o informe económico financiero sobre la operación de Ausol, y descartando las numerosas defensas que podían alegarse ante el Ciadi, Dietrich avaló un arreglo por 499 millones de dólares.
Se trató de "un complejo engranaje de maniobras que a todas luces tuvo como única motivación, los intereses particulares de las empresas concesionarias intervinientes", entre las que estaba la compañía Sideco Americana, en la que el presidente y su familia tenía acciones.
La causa fue iniciada por una denuncia de los diputados oficialistas Rodolfo Tailhade, Adrián Grana, Carlos Castagneto y Leopoldo Moreau por las irregularidades en la prórroga de las concesiones por diez años más sin licitación.
