El proceso de gentrificación de la capital mexicana ha venido intensificándose durante los últimos cuatro años, esto es: la expulsión de sus moradores originarios de la zona central para albergar una "renovación" edilicia que es también, un recambio drástico de su población.
"Enviamos una comunicación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para solicitar su intervención para el respeto a los derechos humanos consagrados como garantías individuales en nuestra Constitución y en diversos tratados internacionales de los que México forma parte", dijo a Sputnik, Luz del Carmen Tinajero, representante legal de las familias afectadas.
Derechos vulnerados
El artículo 4 de la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos consagra el derecho que tienen todos los mexicanos a una vivienda "digna y decorosa", mismo que está consolidado en la Declaración universal de los derechos humanos de 1948 (artículo 25) y que fue incluido posteriormente en el Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales (artículo 11) adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1966.
"El hecho que denunciamos ocurrió el 5 de noviembre de 2019, cuando estos derechos universales y las garantías individuales Constitucionales fueron vulnerados: los vecinos fueron sacados con violencia del predio, no se respetó la igualdad ante la ley, fueron agredidos y sacados del predio de forma violenta", afirmó Tinajero en diálogo con este medio.
"La Comisión de derechos humanos de la Ciudad de México tuvo que haber dado respuesta oportuna y no lo hizo. Aunque se presentó en el predio denunciado y realizó algunas diligencias no ayudó a la gente ni los apoyó de forma real, no solucionó ninguno de los problemas denunciados", sostuvo la representante legal.
Así, una nueva ventana de oportunidad puede abrirse con esta primera comunicación que, aunque aún es incipiente, puede significar un viraje en la forma como se resuelven estos mecanismos de expulsión de los habitantes originarios de la ciudad de México.
"Hemos hecho esta comunicación para que la Comisión interamericana nos escuche y se pronuncie sobre el accionar de la Comisión local de derechos humanos y sobre el fondo del asunto: la violación flagrante de las garantías individuales reconocidas como derechos humanos fundamentales", concluyó.
