"La organización insta al Estado hondureño a iniciar sin demora investigaciones para determinar la suerte y el paradero de las cinco personas de la comunidad garífuna, y a llevar a cabo una investigación pronta, exhaustiva, independiente e imparcial", demandó Erika Guevara, directora de AI para las Américas, en carta pública al presidente Juan Orlando Hernández.
Según la denuncia de testigos, el pasado 18 de julio individuos vestidos con indumentaria de la Dirección Policial de Investigaciones se llevaron de sus casas a los activistas Alberth Centeno, Suami Mejía, Gerardo Rochez, Milton Martínez y Junior Rafael Juárez.
"De comprobarse que la privación de libertad de estas personas fue cometida por agentes del Estado, estos hechos podrían configurarse como una desaparición forzada. Esto sería una grave violación de derechos humanos y un crimen bajo el derecho internacional que no puede quedar impune", advirtió Guevara en su misiva.
La Secretaría de Seguridad de Honduras afirma que ordenó una operación de búsqueda, pero a la fecha se desconoce el paradero de las cinco personas, aunque el pasado jueves la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida detuvo a una persona sospechosa del rapto de los garífunas.
La CIDH comprobó que el Estado pretendía despojar a los garífunas de sus tierras para propiciar la construcción de grandes proyectos turísticos en ese paraje natural, y que todavía incumple sus obligaciones de delimitar y demarcar cientos de hectáreas conferidas a la comunidad.
