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    BUENOS AIRES (Sputnik) — El director argentino de Vialidad Nacional durante la gestión anterior, Javier Iguacel, y el entonces procurador del Tesoro Nacional, Bernardo Saravia Frías, fueron procesados en la causa en la que se investigan irregularidades en la renegociación de contratos de peajes con el Estado durante el Gobierno de Mauricio Macri.

    El juez federal Rodolfo Canicoba Corral procesó a "Iguacel y Saravia Frías", informaron fuentes judiciales a las que accedió Sputnik.

    El magistrado los acusó de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y embargados por 500 millones de pesos cada uno (6,6 millones de dólares al cambio oficial).

    Para el juez "ambos funcionarios que actuaron en dicho proceso, fueron parte de la ejecución de un complejo engranaje de maniobras diferentes, pero todas ellas destinadas a direccionar interesadamente la recontratación de las concesiones".

    De esta manera fueron favorecidos "los grupos empresarios concesionarios, quebrando para ello la confianza depositada conforme la función pública que desempañaban y en palmario desmedro de las arcas del estado", añadió Canicoba Corral al justificar el procesamiento de ambos.

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    Iguacel y Saravia Frías fueron citados por el magistrado la semana pasada, pero ambos se negaron a declarar.

    La causa investiga las irregularidades en la prórroga de los contratos de concesión a Autopistas del Sol (Ausol) y Grupo Concesionario Oeste por los peajes de la Panamericana, que se dirige por el norte de la provincia de Buenos Aires (oeste), y del Acceso Oeste, que recorre ese distrito por el oeste.

    El expediente analiza las irregularidades en la prórroga de las concesiones que se concedieron por diez años más sin licitación, el pago a las empresas de casi 500 millones de dólares por supuestas inversiones no amortizadas, y la venta de acciones de Ausol que Mauricio Macri trasladó a otra empresa, Natal Inversiones.

    Según los promotores de la denuncia los diputados oficialistas Rodolfo Tailhade, Adrián Grana, Carlos Castagneto y Leopoldo Moreau, la compañía Ausol simuló, a través de su controlante española Abertis, una demanda contra el Estado Nacional por más de 1.100 millones de dólares por supuestos atrasos tarifarios.

    La demanda de Ausol fue elevada a Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), dependiente del Banco Mundial.

    Los diputados sospechan que Ausol solo buscaba la justificación para disparar la renegociación del contrato de concesión a fin de extenderlo más allá de 2020.

    El juez, que a fines de julio se jubilará y dejará los tribunales federales de la ciudad de Buenos Aires, citó este 20 de julio como indagados al exministro de Transporte Guillermo Dietrich y al exministro de Hacienda Nicolás Dujovne.

    Etiquetas:
    irregularidades, corrupción, Argentina
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