Se trató del más grave ataque contra la comunidad judía después del Holocausto. Ocurrió en Buenos Aires, capital de Argentina, a las 9:53 de la mañana de un lunes de invierno, cuando las calles estaban repletas.
200 kilogramos de explosivos derrumbaron el edificio de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA). El atentado dejó 85 víctimas fatales y más de 300 heridos. Dos años antes, 17 de marzo de 1992, una bomba había explotó en la Embajada de Israel y asesinó a 22 personas.
No hay un solo culpable, un solo acto de justicia, solo años de investigaciones frustradas, encubrimiento estatal y aprovechamiento político. Esto provocó acusaciones cruzadas y rupturas dentro de la colectividad y entre los propios sobrevivientes y familiares de las víctimas, por no compartir el rumbo de las causas y los intereses detrás de las internas.
"Lo que sí ha sucedido, y esto fue una divisoria de agua a lo largo de estos 26 años, es la comprensión que tuvo el pueblo argentino de que el atentado es intolerable porque se trataba de algo cometido por elementos vinculados al Estado mismo. Nadie cree que haya sido un marciano que aterrizó en Buenos Aires a nombre de Irán, El Líbano, Paquistán o Siria y puso una bomba que voló un edificio entero y después desapareció. Eso no es creíble", comentó Gitter.
La causa AMIA
La causa AMIA son muchas causas en una. Las investigaciones iniciales fueron desestimadas por las denuncias de encubrimiento que se iniciaron en 1997 por parte de los allegados de las víctimas, un atropello que llevó, en una causa aparte, al banco de acusados al expresidente Carlos Menem (1989-1999) y a las autoridades judiciales, policiales y del servicio de Inteligencia involucrados.
En los 10 años que duró la primera investigación no se llegaron a esclarecer elementos claves como de dónde salieron los explosivos, quién armó el coche bomba, si es que hubo o no un conductor suicida, quién era y a quién respondía. Todas estas dudas persisten.
Un primer juicio plagado de irregularidades se desarrolló entre 2001 y 2004. La sentencia absolvió a los acusados de ser la conexión local, principalmente policías, declaró nula toda la investigación previa y desenmascaró la trama de corrupción detrás de años de búsquedas impostadas.
Apemia, una de las organizaciones que nuclean sobrevivientes y familiares del atentado, demandó la apertura de los archivos secretos del Estado sobre el encubrimiento y la creación de "una comisión investigadora verdaderamente independiente constituida por especialistas intachables vinculadas a los derechos humanos, la cultura y la política" para su análisis. El Gobierno de Alberto Fernández aseguró que este material sería desclasificado, aunque todavía no ha sucedido.
Cronología y ramificaciones
En 2003, el juez Galeano acusó por primera vez y pidió la captura internacional de cuatro "elementos radicalizados" del Gobierno de Irán. Meses después el juez fue removido por su imputación en el encubrimiento y se inició un nuevo proceso para investigar la causa por la conexión local.
En 2006, a partir de información aportada por los servicios de Inteligencia de Estados Unidos e Israel, enfrentados históricamente con Irán, los fiscales argentinos acusaron de ser autores intelectuales del atentado a ocho funcionarios iraníes y a una persona vinculada al movimiento político libanés Hizbulá. Interpol aceptó las alertas rojas de captura pero Irán y la organización negaron las acusaciones.
En 2013, durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), el Estado argentino firmó un Memorándum de entendimiento con Irán que establecía la creación de una comisión de juristas de reconocimiento internacional y el careo de la Justicia argentina con los acusados. El Congreso argentino aprobó y transformó en ley el acuerdo pero no hubo avances del lado iraní.
El 15 de enero de 2015, el fiscal Nisman pidió la indagatoria a la presidenta Kirchner y la acusó de buscar ocultar la responsabilidad de Irán en el atentado a cambio de un acuerdo comercial. Esto inició una nueva causa. Cuatro días más tarde, fecha en que debía comparecer en una reunión en el Congreso nacional para aportar datos de la denuncia, Nisman fue encontrado muerto en su domicilio.
Tras la llegada a la presidencia de Mauricio Macri (2015-2019), la Cámara Federal de Casación Penal dejó firme el fallo que declaró la inconstitucionalidad del Memorándum y se inició una causa por supuesto encubrimiento a iraníes través del Memorándum, que procesó a partir de 2017 a la expresidenta, funcionarios de su Gobierno y dirigentes sociales afines.
Presiones internacionales
En julio de 2019, en la víspera del 25 aniversario del atentado, el Gobierno de Macri, siguiendo las indicaciones de EEUU, creó un registro público de personas vinculadas a actos de terrorismo con el objeto de incluir a supuestos integrantes de Hizbulá, organización no considerada como tal por la ley argentina ya que no está incluida en el listado del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU) ni tiene sentencias firmes en su contra en el país.
Desde la llegada a la presidencia en diciembre de 2019, Alberto Fernández afirmó su compromiso por encontrar a los culpables del atentado a la AMIA. Apemia aseguró que la postura de la administración nacional actual insiste en plegarse a la presión internacional de EEUU e Israel, países que buscan impulsar que el movimiento político libanés sea considerado como agrupación terrorista por la ONU.
"Lo próximo que está preparando el Gobierno argentino es una presentación ante la ONU. El fundamento, el guión, se lo escribieron un grupo de jueces delirantes. Pretenden apelar a una resolución de la ONU para declarar terroristas internacionales a Hizbulá. Pero la resolución 1373 del año 2001 jamás fue usada contra El Líbano o Hizbulá y jamás fue usada para esclarecer el atentado a la AMIA", declaró Gitter.
"El gobierno está pagando un tributo, está poniendo la causa AMIA al servicio de la peor política internacional, atrás de [Benjamín] Netanyahu [primer ministro de Israel] y [Donald] Trump [presidente de EEUU], así ninguno de estos socios acusa al Estado argentino de estos crímenes cometidos en democracia hace 26 años", acusó el referente de Apemia.
Juicio por encubrimiento
En 2015 comenzó un segundo juicio por el encubrimiento realizado por las autoridades durante las investigaciones del atentado. En 2018, los abogados del gobierno renunciaron alegando presiones del Ministerio de Justicia para no profundizar en las acusaciones y se exculpó a dos fiscales de la causa original.
El 1 de marzo de 2019 se conocieron las sentencias de este juicio. Entre los condenados estuvieron el juez de la causa inicial, Galeano (seis años de prisión), el exjefe de la Secretaría de Inteligencia Hugo Anzorreguy (cuatro años y seis meses) y Telleldín (tres años y seis meses).
También fueron condenados el exsubsecretario de Inteligencia, el excomisario de la Policía Federal y los fiscales, con penas de tres o dos años. Fueron absueltos el expresidente Menem, el excomisario de la Policía Federal Jorge Palacios, el expresidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas de Argentina (DAIA) Rubén Beraja y el abogado Víctor Stinfale.
Las condenas están lejos de las que demandaba la querella, que pedía 13 años para Galeano y cuatro para Menem, bajo la acusación de haber desviado la investigación sobre la "pista siria", que involucraba a un empresario amigo suyo en el atentado.
