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    Se cumple un nuevo aniversario de la explosión en la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), el 18 de julio de 1994, que causó la muerte de 85 personas. El peor ataque terrorista de la historia moderna nacional sigue sin culpables luego de años de encubrimiento y presiones políticas.

    Se trató del más grave ataque contra la comunidad judía después del Holocausto. Ocurrió en Buenos Aires, capital de Argentina, a las 9:53 de la mañana de un lunes de invierno, cuando las calles estaban repletas.

    200 kilogramos de explosivos derrumbaron el edificio de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA). El atentado dejó 85 víctimas fatales y más de 300 heridos. Dos años antes, 17 de marzo de 1992, una bomba había explotó en la Embajada de Israel y asesinó a 22 personas.

    "Al cumplirse el aniversario 26 del atentado, lo único destacable es que la causa sigue totalmente paralizada. Van pasando los años, van pasando los gobiernos pero siempre nos encontramos con la expectativa de que algo va a pasar pero que nunca pasa", dijo a Sputnik Pablo Gitter, referente de la Agrupación Por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA (Apemia).

    No hay un solo culpable, un solo acto de justicia, solo años de investigaciones frustradas, encubrimiento estatal y aprovechamiento político. Esto provocó acusaciones cruzadas y rupturas dentro de la colectividad y entre los propios sobrevivientes y familiares de las víctimas, por no compartir el rumbo de las causas y los intereses detrás de las internas.

    "Lo que sí ha sucedido, y esto fue una divisoria de agua a lo largo de estos 26 años, es la comprensión que tuvo el pueblo argentino de que el atentado es intolerable porque se trataba de algo cometido por elementos vinculados al Estado mismo. Nadie cree que haya sido un marciano que aterrizó en Buenos Aires a nombre de Irán, El Líbano, Paquistán o Siria y puso una bomba que voló un edificio entero y después desapareció. Eso no es creíble", comentó Gitter.

    La causa AMIA

    La causa AMIA son muchas causas en una. Las investigaciones iniciales fueron desestimadas por las denuncias de encubrimiento que se iniciaron en 1997 por parte de los allegados de las víctimas, un atropello que llevó, en una causa aparte, al banco de acusados al expresidente Carlos Menem (1989-1999) y a las autoridades judiciales, policiales y del servicio de Inteligencia involucrados.

    La causa por encubrimiento gira alrededor del pago de 400.000 dólares realizado desde la Secretaría de Inteligencia a través de quien era el juez de la causa, Juan José Galeano, al exvendedor de coches Carlos Telleldín, el único detenido por entregar la camioneta usada como coche-bomba, quien habría sido sobornado para involucrar a la cúpula de la policía de la provincia de Buenos Aires.

    En los 10 años que duró la primera investigación no se llegaron a esclarecer elementos claves como de dónde salieron los explosivos, quién armó el coche bomba, si es que hubo o no un conductor suicida, quién era y a quién respondía. Todas estas dudas persisten.

    Un primer juicio plagado de irregularidades se desarrolló entre 2001 y 2004. La sentencia absolvió a los acusados de ser la conexión local, principalmente policías, declaró nula toda la investigación previa y desenmascaró la trama de corrupción detrás de años de búsquedas impostadas.

    Apemia, una de las organizaciones que nuclean sobrevivientes y familiares del atentado, demandó la apertura de los archivos secretos del Estado sobre el encubrimiento y la creación de "una comisión investigadora verdaderamente independiente constituida por especialistas intachables vinculadas a los derechos humanos, la cultura y la política" para su análisis. El Gobierno de Alberto Fernández aseguró que este material sería desclasificado, aunque todavía no ha sucedido.

    Cronología y ramificaciones

    En 2003, el juez Galeano acusó por primera vez y pidió la captura internacional de cuatro "elementos radicalizados" del Gobierno de Irán. Meses después el juez fue removido por su imputación en el encubrimiento y se inició un nuevo proceso para investigar la causa por la conexión local.

    En 2004, se creó una fiscalía especial para esclarecer el atentado, llamada Unidad Fiscal AMIA, coordinada por Alberto Nisman, quien impulsó la investigación sobre la pista iraní, una decisión que tuvo el aval de las principales instituciones israelitas argentinas pero no de buena parte de las agrupaciones de sobrevivientes y familiares de las víctimas.

    En 2006, a partir de información aportada por los servicios de Inteligencia de Estados Unidos e Israel, enfrentados históricamente con Irán, los fiscales argentinos acusaron de ser autores intelectuales del atentado a ocho funcionarios iraníes y a una persona vinculada al movimiento político libanés Hizbulá. Interpol aceptó las alertas rojas de captura pero Irán y la organización negaron las acusaciones.

    En 2013, durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), el Estado argentino firmó un Memorándum de entendimiento con Irán que establecía la creación de una comisión de juristas de reconocimiento internacional y el careo de la Justicia argentina con los acusados. El Congreso argentino aprobó y transformó en ley el acuerdo pero no hubo avances del lado iraní.

    El 15 de enero de 2015, el fiscal Nisman pidió la indagatoria a la presidenta Kirchner y la acusó de buscar ocultar la responsabilidad de Irán en el atentado a cambio de un acuerdo comercial. Esto inició una nueva causa. Cuatro días más tarde, fecha en que debía comparecer en una reunión en el Congreso nacional para aportar datos de la denuncia, Nisman fue encontrado muerto en su domicilio.

    Un mes después, el juez Daniel Rafecas desestimó la denuncia a la presidenta por "inexistencia de delito". La fiscalía apeló, pero el magistrado de tres jueces de la Sala I de la Cámara Federal confirmó la decisión tomada por Rafecas.

    Tras la llegada a la presidencia de Mauricio Macri (2015-2019), la Cámara Federal de Casación Penal dejó firme el fallo que declaró la inconstitucionalidad del Memorándum y se inició una causa por supuesto encubrimiento a iraníes través del Memorándum, que procesó a partir de 2017 a la expresidenta, funcionarios de su Gobierno y dirigentes sociales afines.

    Presiones internacionales

    En julio de 2019, en la víspera del 25 aniversario del atentado, el Gobierno de Macri, siguiendo las indicaciones de EEUU, creó un registro público de personas vinculadas a actos de terrorismo con el objeto de incluir a supuestos integrantes de Hizbulá, organización no considerada como tal por la ley argentina ya que no está incluida en el listado del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU) ni tiene sentencias firmes en su contra en el país.

    En noviembre de 2019, el juez federal argentino Rodolfo Canicoba Corral pidió una nueva captura del exembajador iraní, Hadi Soleimanpur, por su presunta participación en el atentado. Soleimanpour fue detenido en agosto de 2003 en Reino Unido, pero la extradición fue rechazada por las autoridades británicas al considerar que las pruebas enviadas por la Justicia argentina eran insuficientes.

    Desde la llegada a la presidencia en diciembre de 2019, Alberto Fernández afirmó su compromiso por encontrar a los culpables del atentado a la AMIA. Apemia aseguró que la postura de la administración nacional actual insiste en plegarse a la presión internacional de EEUU e Israel, países que buscan impulsar que el movimiento político libanés sea considerado como agrupación terrorista por la ONU.

    "Lo próximo que está preparando el Gobierno argentino es una presentación ante la ONU. El fundamento, el guión, se lo escribieron un grupo de jueces delirantes. Pretenden apelar a una resolución de la ONU para declarar terroristas internacionales a Hizbulá. Pero la resolución 1373 del año 2001 jamás fue usada contra El Líbano o Hizbulá y jamás fue usada para esclarecer el atentado a la AMIA", declaró Gitter.

    "El gobierno está pagando un tributo, está poniendo la causa AMIA al servicio de la peor política internacional, atrás de [Benjamín] Netanyahu [primer ministro de Israel] y [Donald] Trump [presidente de EEUU], así ninguno de estos socios acusa al Estado argentino de estos crímenes cometidos en democracia hace 26 años", acusó el referente de Apemia.

    Juicio por encubrimiento

    En 2015 comenzó un segundo juicio por el encubrimiento realizado por las autoridades durante las investigaciones del atentado. En 2018, los abogados del gobierno renunciaron alegando presiones del Ministerio de Justicia para no profundizar en las acusaciones y se exculpó a dos fiscales de la causa original.

    También el Estado pidió menores penas para los acusados y se desarticuló la Unidad AMIA del Ministerio de Justicia. El hasta entonces titular de ese equipo de investigación, Mario Cimadevilla, denunció penalmente al ministro de Justicia, Germán Garavano, y a otros funcionarios por encubrimiento y otros delitos.

    El 1 de marzo de 2019 se conocieron las sentencias de este juicio. Entre los condenados estuvieron el juez de la causa inicial, Galeano (seis años de prisión), el exjefe de la Secretaría de Inteligencia Hugo Anzorreguy (cuatro años y seis meses) y Telleldín (tres años y seis meses).

    También fueron condenados el exsubsecretario de Inteligencia, el excomisario de la Policía Federal y los fiscales, con penas de tres o dos años. Fueron absueltos el expresidente Menem, el excomisario de la Policía Federal Jorge Palacios, el expresidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas de Argentina (DAIA) Rubén Beraja y el abogado Víctor Stinfale.

    Las condenas están lejos de las que demandaba la querella, que pedía 13 años para Galeano y cuatro para Menem, bajo la acusación de haber desviado la investigación sobre la "pista siria", que involucraba a un empresario amigo suyo en el atentado.

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    encubrimiento, juicio, Israel, EEUU, Irán, Hizbulá, Germán Garavano, Mauricio Macri, Cristina Fernández de Kirchner, Alberto Fernández, Carlos Menem, Alberto Nisman, atentado, Atentado a la AMIA, Argentina
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