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    El 15 de julio de 2010, se sancionó en Argentina la ley que permitió que personas del mismo sexo pudieran casarse y obtener los mismos derechos civiles que las heterosexuales. Fue el primer país de América Latina en regular el matrimonio igualitario y sirvió de faro a pesar de las resistencias en la sociedad.

    Fue una ley que cambió el paradigma social y cultural de un país donde hasta entonces las conquistas civiles estaban a merced de la voluntad de los gobernantes, que coronó años de vindicación del activismo LGBT+, que luchaba por el reconocimiento justo de sus voluntades en contra de la resistencia de la ortodoxia. El 15 de julio de 2010, Argentina entró en el siglo XXI.

    Fue un debate tenso y extenso que sacudió las bases de la sociedad argentina, que cambió para siempre la visibilización y las forma de manifestación de las luchas por los derechos de las minorías y que puso en lados opuestos a las corrientes del progresismo y el tradicionalismo de fundamento religioso, ejes transversales al partidismo político.

    "El primer proyecto de ley entró al Congreso en 2005. En esos primeros años vivimos el proceso de constituirnos como una comunidad. Hasta ese momento, eso que parecía un derecho difícil de conquistar para muchas personas era incluso algo incómodo porque implicaba una necesaria visibilidad", dijo a Sputnik Esteban Paulón, referente de la Federación Argentina LGBT, que nuclea más de 150 organizaciones de todo el país, que fue la principal promotora de la ley.

    Paulón, director ejecutivo del Instituto de Políticas Públicas LGBT+ y presidente del comité ejecutivo de la red internacional GayLatino, contó que de a poco, a medida que la sociedad argentina fue entendiendo la causa que impulsaban, en paralelo el colectivo se fue empoderando y se fue generando un movimiento en todo el país.

    "Hubo una salida del clóset muy importante de nuestra comunidad hacia la sociedad que eclosionó esa noche del 15 de julio de 2010 cuando el Senado finalmente aprueba la ley. Nos llegaban muchísimas historias de personas del colectivo que, a partir del debate legislativo, se habían animado a abrirse a sus familias, amigos y colegas de trabajo", narró.

    Desde la sanción de la ley, que modificaba artículos de Código Civil vigente entonces, se han producido más de 20.000 matrimonios entre personas del mismo sexo en el país. Pero el cambio, además de normativo, fue cultural y social.

    "Es una ley que terminó instalando en la agenda pública argentina al colectivo LGBT, que nos quitó cualquier resabio de vergüenza y hoy la mayoría de nosotros vivimos libre y abiertamente nuestra afectividad y sexualidad, independientemente de que nos queramos casar o no. Ahí está el derecho para quien quiera usarlo. Cada vez que ejercemos algún derecho vinculado al matrimonio, esto tiene un efecto pedagógico en la sociedad", resumió.

    Cuentas pendientes

    La ley de Matrimonio Igualitario fue el puntapié de conquistas como la ley de Identidad de Género, en 2012, o el nuevo Código Civil y Comercial, en 2015. Este incorporó figuras como la de voluntad procreacional para establecer la filiación en casos que incluyan técnicas de reproducción asistida, que sin embargo no regula la gestación por subrogación altruista, demandada por personas solteras como por parejas, sin importar la orientación sexual.

    "Sigue habiendo una deuda muy grande con el colectivo trans, que casi no logró modificar sus condiciones de vida en cuanto a exclusión del trabajo, dificultades en el acceso a la salud, expectativas de vida y vivienda. Todavía queda mucho por el ejercicio de una igualdad formal", aseguró Paulón.

    Diferentes corrientes del activismo y la política han presentado en las últimas semanas al Congreso algunos proyectos para la integración del colectivo trans (travesti, transgénero, transexual) que aboga por un cupo laboral y diferentes medidas afirmativas con el objetivo de saldar esa deuda.

    Lo mismo ocurre con el impulso a una actualización de las leyes antidiscriminación, que datan de la década de 1980 y que no contempla la diversidad sexual, la necesidad de una efectiva puesta en práctica en todo el país del programa nacional de Educación Sexual Integral, una ley que data de 2006 y que todavía cuenta con la resistencia del conservadurismo religioso.

    Las repercusiones en el tejido social fueron mayores a texto legal, pero, como advirtió Paulón, ninguna ley automáticamente transforma las condiciones culturales profundas que generan la discriminación, el prejuicio, el odio y la violencia.

    "A nivel regional estamos en un momento de tensión muy grande, con un avance importante de los sectores más reaccionarios entre los grupos de fe, vinculados al evangelismo pentecostal, con una inserción muy fuerte en los sistemas políticos de Perú, Chile, Paraguay, Brasil, Colombia, Ecuador. En Argentina, en la provincia de Santa Fe, dos pastores se incorporaron a la legislatura. Hay allí un discurso de odio que pretende volver atrás en materia de derechos", destacó el activista.

    Onda expansiva en suspenso

    En continente americano, existe un país que todavía considera ilegal la unión entre hombres, Guyana. En el resto del continente, son una minoría aquellos donde hay leyes de alcance nacional que permiten y regulan el matrimonio.

    "En la región, tenemos dos países que tienen una estabilidad institucional de la igualdad, que son Argentina y Uruguay, pero después tenemos matrimonio igualitario en Colombia y Brasil por vía de resoluciones judiciales, no hay leyes. En Ecuador y Costa Rica tampoco se legisló. En Chile parecía que avanzaba el debate y de golpe la Corte Suprema saca un fallo negando el derecho al matrimonio a una pareja con argumentos del siglo XIX", enumeró Paulón.

    El referente destacó que una de las primeras acciones que tomó el Gobierno de facto de Jeanine Áñez en Bolivia fue suspender la aplicación de la ley de identidad de género, por lo que insistió en trabajar de manera coordinada entre las organizaciones y movimientos políticos de Latinoamérica que comparten los valores del progresismo, que por definición avanza siempre hacia la ampliación de derechos.

    Paulón explicó que los países que aprueban este tipo de leyes tiran por tierra las elucubraciones sobre los supuestos efectos negativos: las familias no se disuelven ni las sociedades desaparecen sino lo contrario, se amplían y fortalecen.

    "En Argentina, el ejercicio de la ley después de 10 años ha parido una generación nativoigualitaria de chicos, chicas, chiques que incorporaron la diversidad como algo habitual. El paso del tiempo va consolidando muchísimo estos derechos", concluyó.
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    leyes, derechos, LGBT, matrimonio igualitario, Argentina
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