"Comenzaremos las negociaciones. No se trata de quitarle nada a nadie, si se expropia será a un precio justo y si es por intervención también pagaremos un precio justo por los servicios", dijo en conferencia de prensa el ministro de Gobierno, Arturo Murillo.
Además, anunció que ese plan alternativo fue decidido por la gobernante transitoria Jeanine Áñez, en una reunión virtual con varios ministros desde su aislamiento en la residencia presidencial, donde cumple cuarentena desde la semana pasada por estar contagiada con el nuevo coronavirus, causante de COVID-19.
El plan de expropiaciones e intervenciones a centros privados fue anunciado mientras el país se aproximaba a 50.000 contagios y 2.000 fallecimientos a causa de la pandemia, con hospitales públicos repletos y cementerios municipales imposibilitados de sepultar o cremar con prontitud a todos los muertos por COVID-19.
Murillo dijo que el Gobierno había identificado a los dos primeros hospitales de universidades privadas que serían expropiados o intervenidos.
Uno era el de la Universidad de Aquino de Santa Cruyz (este), con 400 camas y 100 unidades de terapia intensiva, y otro el de la Universidad del Valle de Cochabamba (centro), con 120 camas y 120 unidades de cuidados intensivos.
"No es correcto que (…) la gente más humilde, más pobre, que no tiene condiciones de pagar un seguro, se esté quedando afuera" de los hospitales públicos, afirmó Murillo.
El ministro no dio detalles del plan de expropiación o intervención de cementerios privados, aunque advirtió que en Cochabamba, la tercera ciudad más afectada por la pandemia, el campo fúnebre municipal estaba ya en situación de colapso.
En esa urbe, persistía el problema de decenas de fallecidos por COVID-19, o sospechosos de haber estado infectados, que son velados en sus casas durante varios días en espera de servicios funerarios.
Al menos tres de esos fallecidos aparecieron abandonados en plazas el pasado fin de semana.