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    Al menos 27 internos y empleados de un centro de rehabilitación ubicado en el municipio de Irapuato, en el estado mexicano de Guanajuato, fueron asesinados el 1 de julio.

    En otra ciudad guanajuatense, Celaya, se registraron diversos ataques el 21 de junio tras la detención de 25 personas acusadas de colaborar con el cártel de Santa Rosa de Lima. Entre los arrestados se encontraba la madre del supuesto jefe del grupo criminal, José Antonio Yépez, El Marro, quien advirtió al Gobierno que habría represalias por esa acción.

    Ambos casos dan muestra de la situación en Guanajuato, la entidad donde se registraron más asesinatos en México durante 2019. Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) señalan que en esos doce meses se registraron 4.494 homicidios. De ellos, 2.775 correspondieron a homicidios dolosos, además de que en 2.261 de esos casos la causa de muerte fue un arma de fuego.

    Hasta mayo de 2020, en la misma entidad se registran 2.089 asesinatos. Estimaciones del gabinete de Seguridad federal afirman que 80% de esos crímenes se relacionan con la actividad de los grupos criminales en la entidad.

    Diversos especialistas identifican a Guanajuato como un territorio en pugna entre los cárteles de Santa Rosa de Lima y Jalisco Nueva Generación (CJNG). Por su ubicación geográfica (en el centro de México), en esa entidad pasan diversas mercancías.

    La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés), por ejemplo, asegura que las actividades de El Marro se han convertido en el principal obstáculo para el tráfico de metanfetaminas en la región por parte del CJNG.

    El vertiginoso aumento de la violencia en esta entidad mexicana se explica, porque ambas organizaciones buscan controlar el mercado local de drogas en pequeñas dosis (narcomenudeo), así como el robo de combustible, conocido popularmente como huachicoleo.

    Por Guanajuato pasan varios ductos de combustible de Petróleos Mexicanos (Pemex), empresa que asegura haber perdido al menos 13,5 millones de litros de combustible de sus ductos por robo. Por ese motivo, desde 2019 el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador emprendió una lucha contra esta actividad delictiva, lo cual también ha recrudecido los enfrentamientos con el crimen organizado en la zona.

    "En Guanajuato la violencia se debe al robo de combustible. Parece ser que esta administración le está haciendo frente al combate al huachicol, empezó muy fuerte con esto y parece ser que está continuando la lucha contra el robo de combustible. En virtud de ello es que hay una gran resistencia y oposición", expuso Francisco Jiménez Reynoso, profesor e investigador de la Universidad de Guadalajara (UDG).

    En entrevista con Sputnik, Jiménez Reynoso que, a pesar de las pugnas territoriales entre grupos delincuenciales y la expansión del cártel de Santa Rosa de Lima hacia otras actividades criminales como el secuestro, robo y extorsión, el control del huachicol es el punto de mayor pugna entre todos los actores presentes en Guanajuato.

    Desde la perspectiva del académico de la Universidad de Guadalajara, los episodios más recientes de violencia se deben al empoderamiento adquirido por este y otros grupos criminales que operan en esta zona del país.

    "[Este empoderamiento] Se debe, sin duda alguna, al tema de la corrupción. A la participación que han tenido, por muchos años, las autoridades de gobierno en turno y los grupos delincuenciales. El fenómeno de la democracia quita presidentes municipales, cambia cabildos, gobernadores, diputados locales, congresos estatales. Todos cambian, pero la delincuencia organizada ahí está y se robustece", explicó.

    Como muestra de este fenómeno se puede mencionar a José Antonio Yépez, El Marro, quien ha pasado a ser considerado por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador como el principal líder del huachicoleo en México. Pese a ello, ni las autoridades federales o estatales han sido capaces de capturarlo.

    "La corrupción genera impunidad. Las autoridades judiciales, municipales y estatales, en Guanajuato, están arrodilladas ante el poder de la delincuencia organizada. Están controlados, se han convertido en sus empleados", asevera Francisco Jiménez Reynoso.

    Para muestra, señala el actual conflicto entre el Gobierno federal y la administración estatal, encabezada por Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, quien ha sido señalado públicamente por su pobre desempeño en materia de seguridad pública.

    "Mientras el Gobierno intenta que prevalezca el estado de derecho, las autoridades estatales —poder judicial de Guanajuato, autoridades y policías municipales— aflojan colaborando y apoyando a la delincuencia organizada. Así no se puede llegar a ningún lado. Debe haber una sinergia entre autoridad federal, que debe de ser la rectora, pero debe de ser respaldada por las autoridades estatal y municipal", sugirió el investigador de la UDG.

    Etiquetas:
    Cártel de Santa Rosa de Lima, narcotráfico, Cártel de Jalisco Nueva Generación, Guanajuato
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