Uno de los puntos anulados por Bolsonaro es el que decía que el Gobierno estaría obligado a poner a disposición de los pueblos indígenas "acceso a agua potable" y a hacer una "distribución gratuita de materiales de higiene, limpieza y de desinfección para las aldeas".
Bolsonaro también anuló el punto que exigía que el Gobierno instalase Internet en las aldeas, que distribuyese alimentos a las familias y que facilitase el acceso de los indígenas a la ayuda de emergencia de 600 reales al mes (111 dólares) que el Ejecutivo está dando a millones de trabajadores informales.
En su justificación para estos vetos el Gobierno alega que el texto creaba un gasto obligatorio sin demostrar "el respectivo impacto presupuestario y financiero, lo que sería inconstitucional".
La ley aprobada, que acaba de entrar en vigor, remarca que los indígenas, las comunidades quilombolas, pescadores y demás pueblos tradicionales pasan a ser considerados grupos "en situación de extrema vulnerabilidad" y de alto riesgo en emergencias de salud pública.
Según la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB), el país sumaba 10.300 casos confirmados de COVID-19 entre indígenas y 408 muertes hasta el pasado día 2 de julio.
Los números son mayores que los contabilizados por la Secretaría de Salud Indígena del Gobierno, que asegura que con 6.800 casos y 158 muertes.
Desde la APIB afirman que la diferencia se da porque la Secretaría de Salud Indígena sólo contabiliza a los indígenas enfermos y que fallecen en las aldeas, y deja fuera a los que viven en entornos urbanos.
