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    Una investigación periodística internacional reveló que entidades públicas de Perú, Colombia, México y Uruguay hicieron compras de mascarillas N95 a precios mucho mayores a los del mercado. En Perú, un hospital llegó a pagar 13 dólares por cada unidad, cuando el promedio en la región costaba menos que la mitad: 6 dólares.

    Abastecer a la población, y especialmente a los sistemas sanitarios, de los insumos médicos y de protección necesarios para enfrentar la pandemia de COVID-19 fue uno de los mayores desafíos de los gobiernos de todo el mundo. Sin embargo, la subida de precio por el aumento de la demanda y procesos de compra poco claros de algunos países llevaron a que los Estados adquirieran los elementos con llamativos sobrecostos.

    A cuatro meses de que la pandemia explotó en América Latina, una investigación de la Red de Periodistas de América Latina para la Transparencia y la Anticorrupción —integrada por periodistas de Argentina, Colombia, Perú, Guatemala, México y Uruguay— concluyó que cuatro países de la región adquirieron mascarillas N95 a precios mucho mayores al promedio del mercado.

    La investigación, publicada a fines de junio, revela que los gobiernos de Colombia, México, Perú y Uruguay compraron un total de 67.000 mascarillas N95 con sobrecosto por unidad que significó un gasto adicional de 282.000 dólares entre los cuatro países.

    La red de periodistas analizó, en base a pedidos de información pública a los gobiernos, un total de 2.200 compras públicas de mascarillas N95, las más recomendadas por las autoridades sanitarias por su efectividad, realizadas por instituciones públicas entre el 10 de marzo y el 16 de junio de 2020. Los periodistas revisaron las compras realizadas por hospitales, fuerzas del orden y gobiernos locales de Argentina, Colombia, El Salvador, Guatemala, México, Perú y Uruguay, que totalizaron 1 millón de mascarillas N95 por un valor total de 7,3 millones de dólares.

    El problema aparece al analizar el precio unitario de las mascarillas compradas por cada país. Al tiempo que el precio promedio de cada mascarilla en América Latina fue de 6,63 dólares, el análisis identificó que un hospital peruano llegó a pagar 13,22 dólares por cada mascarilla el 30 de marzo.

    El relevamiento ubica en Perú las compras con mayor sobrecosto en el continente, a cargo de los gobiernos regionales de Áncash y Cajamarca y la Policía Nacional de Perú, en los tres casos superando los 13 dólares por unidad.

    Uruguay también registra dos compras con importantes sobreprecios: una a cargo de la Intendencia de Montevideo, que adquirió 150 mascarillas a 12,39 dólares cada una. El Ministerio del Interior uruguayo también hizo una compra de 1.058 de estos insumos con un precio de 10,79 dólares por unidad.

    También hubo compras con sobrecostos en Colombia, donde la Gobernación de Atlántico pagó 10,53 dólares por cada mascarilla en una compra de 40.000 de estos insumos. En México, en tanto, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México adquirió 7.700 mascarillas a un precio de 10,27 dólares cada uno.

    Compras directas y empresas misteriosas

    La investigación realizada por la red de periodistas pone el ojo en los procesos de compras de los gobiernos, ya que en varios casos no incluyeron licitaciones o favorecieron a empresas de las que se dispone de escasa información.

    Por ejemplo, las dos compras con mayores sobrecostos que se presentan en la investigación fueron a la empresa M&M Soluciones Diversas, una firma que según los periodistas regionales fue creada en 2015 por Maria Memenza Noa y Miguel Presentación Memenza. La firma tiene oficinas en Lima y se dedica tanto a la venta de materiales de construcción y repuestos de automóviles como a ofrecer servicios de transporte de carga y pasajeros.

    El nuevo director del Hospital Regional de Áncash, José Calderón Castillo, admitió al ser consultado que la documentación de la compra hecha por la administración que le precedió "era un desastre". El procedimiento ya está siendo investigado por una fiscal anticorrupción.

    Algunos casos muestran cómo los proveedores de las mascarillas con sobreprecio en muchos casos fueron compañías fundadas con infinidad de propósitos. Es el caso de Inversiones Sanz LSL, una firma fundada en 2018 por el técnico dental peruano Ítalo Sánchez Torres. Según la investigación, la compañía está registrada ante el Estado peruano como un proveedor de casi 150 actividades diferentes que oscilan entre fumigar viviendas y ofrecer servicios de agencia de turismo.

    En Uruguay, las tres compras con mayor sobreprecio fueron a la misma empresa: Unión Disprofarma, una firma representada por Gustavo Carbone que importa mascarillas desde China desde 2013. Consultado para la investigación, Carbone dijo que los precios se incrementaron porque se debió  transportar mercadería en avión.

    En Colombia, el Gobierno inició una investigación a la empresa Dacapharma por la venta de mascarillas con sobrecosto a la Gobernación de Atlántico.

    Una investigación anterior de la misma red de periodistas había dado cuenta del incremento de las compras directas por parte de los gobiernos, en detrimento de procesos de licitación que favorecieran la competencia. La premura de atender la pandemia hizo que los gobiernos liberaran a sus instituciones de la obligación de analizar ofertas diferentes antes de decidir a quién comprar.

    Etiquetas:
    COVID-19, coronavirus en América Latina, pandemia de coronavirus, mascarillas
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