"Es lamentable que el Gobierno de transición siga llenando nuestro país de desempleados; nosotros habíamos enviado la ley para que no existan despidos en las diferentes empresas privadas y públicas, pero ellos siguieron despidiendo injustificadamente", dijo la presidenta del Senado y líder del parlamento, Eva Copa, tras firmar la ley.
La promulgación de la norma se produjo en la noche del martes, en una sesión bicameral de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP o parlamento) que consideró y rechazó las observaciones de Áñez a la ley, informó el servicio legislativo de prensa.
Parlamentarios de la mayoría masista dijeron en cambio que la ley era necesaria porque iban en aumento las denuncias de despidos injustificados, arrestos y restricciones a la libertad de expresión durante la cuarentena.
La ley dispone estabilidad laboral en los sectores público y privado hasta dos meses después del levantamiento de la cuarentena, que por ahora está programada hasta el 31 de julio.
La norma declara también la vigencia plena de los derechos humanos y garantías constitucionales durante la cuarentena, prohibiendo expresamente que el incumplimiento del confinamiento sea sancionado como delito penal y que el Estado realice arrestos innecesarios y use armas de fuego o "fuerza desproporcionada" contra la población.
Millares de ciudadanos han sido detenidos como infractores de la cuarentena en los últimos meses y varios de ellos, en especial autoridades del MAS, fueron llevados a la justicia con cargos de delitos contra la salud pública.
El candidato del MAS, Luis Arce, denunció por separado que en el sector privado había olas de despidos y que, en algunos casos, los trabajadores eran obligados a firmar acuerdos por los cuales aceptaban como vacación la paralización forzada por la cuarentena.
La ley ordena además al Gobierno a informar periódicamente al parlamento sobre la evolución de la pandemia y los gastos oficiales en esta crisis.
En la sesión del martes, el parlamento sancionó también otra ley que dispone una rebaja del 50 por ciento de los alquileres de viviendas y otros inmuebles, en favor de sectores de bajos ingresos, durante la cuarentena.
