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    LA PAZ (Sputnik) — El oficialismo de Bolivia reactivó su campaña en pos de un nuevo aplazamiento de las elecciones generales, insistiendo en que sería muy alto el riesgo de una explosión de contagios de COVID-19 si la votación se realiza en la fecha fijada, el 6 de septiembre.

    "Considero que la elección nacional será en octubre, de manera más segura y después de llegar a la cima en la curva de contagios", publicó en la red social Twitter el empresario Samuel Doria Medina, candidato vicepresidencial de la alianza Juntos que postula a la presidenta transitoria Jeanine Áñez.

    El Gobierno ha modificado varias veces, en tiempo y cantidad de contagios, su pronóstico del punto alto de la pandemia que hasta el domingo pasado había dejado en el país un registro de más de 31.000 casos, incluido más de un millar de muertes.

    La declaración de Doria Medina, también exministro de Planificación del pasado Gobierno neoliberal de Jaime Paz Zamora (1989-1993), pasaba por alto que Áñez firmó el pasado 21 de junio la ley que determina la fecha de las elecciones.

    "Ayudaría mucho que los jurados electorales sean ciudadanos menores de treinta años, para bajar riesgos de salud", añadió Doria Medina, cuyos criterios coinciden regularmente con los del Gobierno.

    La nueva campaña oficialista contra la votación de septiembre arrancó el domingo con una declaración del ministro de Desarrollo Económico y exlíder parlamentario de Creemos, Óscar Ortiz, quien dijo que todavía estaba en pie la advertencia de la presidenta Áñez de que debería darse prioridad a la emergencia sanitaria y no a las elecciones.

    "Es algo que tenemos que reflexionar, yo creo que ha sido una fecha netamente política impuesta por el MAS (Movimiento Al Socialismo), un cálculo que solo toma en cuenta sus intereses y ambiciones de volver al poder a como dé lugar, pero que menosprecia la preservación y la protección de la vida y la salud de los bolivianos", dijo Ortiz a la televisión estatal.

    La presidenta Áñez dijo el 21 de junio que había recibido fuertes presiones del MAS de Evo Morales y del Tribunal Supremo Electoral para firmar la ley que ella había rechazado vehementemente.

    Según la Constitución, la gobernante tenía plazo de 90 días para realizar elecciones desde que asumió el mando del país por autoproclamación en noviembre de 2009.

    Ese plazo fue ampliado por un acuerdo político que fijó las elecciones para el 3 de mayo, pero la pandemia de COVID-19 obligó a suspender esa votación.

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    elecciones, Bolivia
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