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    BUENOS AIRES (Sputnik) — Un juez argentino que interviene en la situación judicial de la empresa agroindustrial que se encuentra en concurso de acreedores, el Grupo Vicentín, dio intervención a la Fiscalía provincial para que investigue si sus directivos cometieron delitos.

    "Me veo en la obligación de dar intervención al Ministerio Público de la Acusación para que, si lo considera necesario, inicie las investigaciones correspondientes en sede de la Justicia Penal", señaló el magistrado Fabián Lorenzini en su sentencia.

    El fallo del juez Civil y Comercial de Reconquista, en la provincia de Santa Fe (centro-este), fue firmado tras un pedido de la Inspección General de Personas Jurídicas Santa Fe (IGPJ) que mencionó que la sociedad era sospechosa de haber cometido delitos durante su gestión.

    La presentación de la inspección de justicia santafesina, que encabeza María Victoria Stratta, presentó varias acusaciones contra la conducción de Vicentin.

    En su documento señaló la "eventual falta de idoneidad empresaria" y "los posibles perjuicios al interés general" que podrían provocar si siguen al frente.

    Además aludió al "complejo entramado societario que requiere control" y a los cambios de titularidad de activos entre empresas y a favor de sociedades opacas.

    El juez del concurso pidió entonces que ante la sospecha de delitos por posibles fraudes se abra una investigación penal en la provincia.

    El pasado 19 de junio, el magistrado repuso al directorio de la empresa agroindustrial Vicentín por 60 días y ordenó que los interventores designados por el Gobierno tengan un papel de veedores controladores.

    Caso paralelo

    En la justicia federal de la ciudad de Buenos Aires hay una investigación penal abierta por los créditos impagos que el Banco Nación le concedió a Vicentín de manera irregular y cuyo objeto procesal fue ampliado por la Unidad de Información Financiera (UIF) ante la posibilidad de maniobras de lavado.

    El presidente de Argentina, Alberto Fernández, reunido con el CEO de Vicentin, Sergio Nardelli
    © Foto : Gentileza Prensa de Presidencia Argentina
    El fiscal Gerardo Pollicita analiza toda la documentación que ya le envió el Banco Nación, que es de los principales acreedores de Vicentin al haberle otorgado el 80 por ciento de la deuda que la cerealera mantiene con el sistema financiero, unos 288 millones de dólares.

    El titular del Ministerio Público Fiscal debe resolver además un pedido de la UIF, que solicitó la inhibición de bienes del expresidente Mauricio Macri (2015-2019), de los dueños de la empresa y del último exdirector del Banco Nación durante la gestión anterior, Javier González Fraga.

    La UIF sostiene que hubo complejas maniobras de lavado con giros de dinero al exterior y que por ello debe investigarse las operaciones realizadas por la multinacional Glencore, socia de Vicentín.

    El fiscal federal Pollicita investiga esas maniobras de lavado y los créditos del Banco Nación, pero advierte que si hubo administración fraudulenta a particulares tendría que intervenir la justicia provincial, como lo sostuvo el juez del concurso.

    Vicentin es la principal firma de molienda de oleaginosas por capacidad, la mayor productora de biodiésel y una de las principales agroexportadoras de Argentina, dentro de un sector estratégico para el país que actualmente está dominado por multinacionales.

    La empresa, que dejó de pagar a sus proveedores en diciembre, arrastra una deuda total de 1.350 millones de dólares.

    Al informar de la intervención de Vicentín el pasado 9 de junio, el presidente Alberto Fernández anunció la intención de nacionalizar la empresa a través de un proyecto de ley que será enviado al Congreso.

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