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    El país austral se transformó en la primera nación de Latinoamérica en sancionar legislación de alcance nacional para regular un mercado librado en los últimos años a la especulación inmobiliaria, con el objetivo de revertir los perjuicios a quienes no cuentan con una casa propia.

    Argentina aprobó finalmente la nueva Ley de Alquileres demandada durante cinco años por las principales agrupaciones de inquilinos en un contexto de absoluta emergencia debido a los estragos en las economías personales que causa la pandemia de coronavirus y la grave crisis subyacente que se agrava año a año desde hace más de una década.

    En un país que tuvo una inflación cercana al 50% los últimos dos años y en el que los salarios perdieron una cuarta parte de su poder adquisitivo durante el Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019), cada vez se vuelve más grande la presión del costo de vivienda sobre aquellos 9 millones de habitantes (17% del total) que deben pagar mes a mes para mantener su hogar.

    "La ley le va a traer mucho más aire a todos los inquilinos del país, realmente es un cambio de paradigma en lo que es el sistema de locaciones. Para una familia, tener un contrato de dos años era muy corto. En principio creemos que es un buen sistema, con una inflación dentro de todo controlada", dijo a Sputnik Ricardo Botana, presidente de la Unión Argentina de Inquilinos.

    Principales beneficios

    La ley amplía de dos a tres años el plazo de los contratos y fija el índice de actualización anual. De esta manera, los inquilinos obtienen mayor estabilidad y previsibilidad, además logran un ahorro ya que se evitan tener que pagar las comisiones a las inmobiliarias (equivalentes a un mes de alquiler) por la renovación de los contratos con tanta recurrencia.

    Otra de las ventajas para el inquilino es que ahora el monto de la mensualidad será reajustado anualmente, en lugar de semestral o trimestralmente, y se realizará este aumento según un índice de actualización oficial elaborado por el Instituto de Estadísticas y Censos de la Nación (Indec), que promediará en partes iguales la inflación de los precios al consumidor y la evolución de los salarios.

    De esta manera, se busca terminar con las actualizaciones arbitrarias, calculadas en muchos casos a criterio de las inmobiliarias o de los propietarios con el objeto de preservar el valor del alquiler en el tiempo y eludir la prohibición de indexación.

    "La mayoría de los inquilinos están teniendo problemas para pagar, estamos viendo está entre un 40 y 50% de personas que no les alcanza para pagar el total del alquiler en los grandes centros urbanos, por estar directamente relacionada la posibilidad de abonar a la actividad laboral, que se está viendo afectada", comentó Botana.

    Según los reclamos de las agrupaciones de inquilinos, los aumentos en los precios de los alquileres rondan el 46% y en algunos casos llegan al 60%, que incluye los incrementos discrecionales en las expensas (gastos de comunidad de los edificios) que en la mayoría de los casos elevan el precio hasta un 30% y que también estaba a cargo del inquilino sin un tope legal.

    La nueva ley prohíbe que las expensas extraordinarias —que suelen referirse a arreglos específicos estructurales del inmueble a diferencia de las ordinarias, que incluye el mantenimiento cotidiano y sueldos del personal— sean adjudicadas al inquilino. Lo mismo ocurre con los impuestos municipales a la propiedad, que correrán por cuenta de los dueños.

    Un problema latente

    Los alquileres tienen la incidencia más alta de la historia en los ingresos de los inquilinos. Los costos de renta significan alrededor del 50% de los ingresos totales de los hogares, cuando históricamente era de 30% o menos, y en este contexto de pandemia más de la mitad de los inquilinos del país no puede cumplir con las cuotas mensuales.

    Si bien durante los últimos diez años los aumentos de los alquileres quedaron por debajo en promedio del crecimiento despiadado de la inflación anual, la pérdida del poder adquisitivo de la población genera que las mensualidades para un derecho como la vivienda se eleven cada año.

    Además, el porcentaje de inquilinos sobre el total de la población era de 11,4% en 2001 y pasó a 18,6% para 2014, mientras que la cantidad total de viviendas aumentó poco más de 20% en este período. Menos oferta y más demanda hacen que naturalmente aumenten los precios, a lo que se suman otros factores como la explosión demográfica y la concentración urbana.

    En Buenos Aires, debido a la búsqueda de independencia de los jóvenes y el desarrollo inmobiliario de edificios de departamentos chicos de uno o dos ambientes, 36% de las viviendas están ocupadas por una sola persona, y en 26% viven dos.

    Las dificultades económicas han hecho que muchos recurran a compartir la vivienda para repartir gastos o tener que regresar al hogar familiar. Pero la situación verdaderamente crítica la viven las familias numerosas o de bajos recursos, que se encuentran con la soga al cuello.

    Es por esto que las agrupaciones de inquilinos venían presionando para que el Estado interceda con una regulación del mercado inmobiliario, para asegurar contrataciones justas al momento de alquilar, evitar cláusulas abusivas y aumentos indiscriminados de precios guiados por la especulación.

    Etiquetas:
    economía, derecho a la vivienda, viviendas, alquileres, Argentina
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