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    CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — La violencia no da respiro al Estado mexicano durante la pandemia del nuevo coronavirus, con actos de difamación, criminalización y hostigamiento en contra defensores de derechos humanos y periodistas, incrementados de forma alarmante en semanas recientes.

    "Las agresiones en contra de defensores han seguido durante este Gobierno (que comenzó en diciembre de 2018): en 2019 fueron asesinadas 20 personas defensoras y en este año van seis; además, la tendencia general es la impunidad en la gran mayoría de los casos", dijo el jueves a Sputnik, Edgar Cortez, director del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHyD).

    Además de ese recuento, durante la emergencia por el COVID-19, "diferentes autoridades locales han tomado medidas que se pueden considerar contrarias a los derechos humanos", dice el responsable de la institución independiente.

    Cortez, jesuita de formación, alerta que los ataques suceden en un contexto de protestas en la Ciudad de México y Guadalajara, capital de Jalisco.

    Además, en la sureña ciudad colonial de Oaxaca, la violencia sucede contra una campaña que denuncia la impunidad que envuelve a un feminicidio.

    También la Brigada Humanitaria de Paz Marabunta ha sido objeto de graves actos de difamación, criminalización y hostigamiento recientes.

    "Un riesgo más es que, en un contexto político tan polarizado, otros actores pueden sentirse con una especie de autorización para cometer ataques", advierte el especialista, que tiene una larga carrera de defensa de víctimas antes organismos internacionales.

    Sensación de desamparo

    Una clima de abandono y fragilidad prevalece en el incierto periodo de encierro por la pandemia, del que este país trata de salir a tientas, entre récords diarios de muertes y contagios.

    El especialista subraya que la única puerta abierta es "solicitar la protección al Mecanismo de Protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, pero el núcleo es la impunidad pues las Fiscalías no tienen resultados".

    Lamenta que no existe ninguna reacción del Gobierno federal y tampoco de los estados de la federación mexicana.

    En efecto, en una declaración escrita enviada a Sputnik desde Berlín, Carola Hausotter, responsable de la red Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México denunció el jueves el ataque reciente contra la organización feminista Consorcio Oaxaca, del montañoso estado sureño.

    Esa organización lleva 17 años promoviendo los derechos de las mujeres y la protección de las personas defensoras de derechos humanos.

    El pasado lunes 15 de junio, sujetos desconocidos dejaron a las puertas de las oficinas del Consorcio Oaxaca una bolsa de plástico, que contenía la cabeza de un animal.

    Una cartulina con lenguaje soez cerraba la amenaza de muerte: "Bájale de huevos perra, la próxima es la tuya. CJNG".

    Son las temibles siglas del Cartel Jalisco Nueva Generación, la organización más criminal y poderosa del país.

    "En México mueren de forma violenta 10 mujeres al día según cifras oficiales", recuerda el texto de Hausotter.

    El organismo europeo manifestó su "preocupación por el aumento de la violencia durante la crisis del coronavirus".

    Último recurso: denuncia internacional

    En este clima ominoso, aparece la escena internacional como última esperanza.

    "Se pueden solicitar medidas cautelares a la CIDH, el problema es que las tiene que operar el Mecanismo de Protección (del Estado mexicano), lo que vuelve el problema en un ciclo perverso", deplora Cortez.

    El punto crucial de origen es la crisis de impunidad.

    Según los más prestigiados expertos nacionales y organismos internacionales, la impunidad es el corazón de la violencia mexicana.

    "Hay una inexistencia de investigaciones efectivas", sentencia defensor.

    Llamado desesperado

    Por su parte la Comisión Mexicana de Defensa y Protección de Derechos Humanos (CMDPDH) el organismo civil más antiguo en la materia, creado en 1980, lanzó el miércoles pasado un llamado urgente, "al Gobierno federal y a los gobiernos estatales a generar un entorno seguro", para defender a víctimas de abusos y violencia.

    El documento compartido con Sputnik por su director ejecutivo, José Antonio Guevara, exhorta al presidente Andrés Manuel López Obrador para que "reconozca públicamente el papel fundamental que desempeñan las personas defensoras de los derechos humanos y los periodistas en la sociedad y condene las violaciones de los derechos humanos cometidas contra ellos".

    Finalmente, le exige al gobernante "condenar los intentos de diferentes grupos para desacreditar su labor" y acabar con la impunidad.

    Etiquetas:
    derechos humanos, periodismo, México
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