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    BOGOTÁ (Sputnik) — El consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, anunció que se fortalecerán las medidas de protección en los ETCR de Santa Lucía en Ituango y Monterredondo, en Miranda, donde permanecen excombatientes de FARC que corren peligro por los grupos armados ilegales.

    "La situación de inseguridad en los alrededores de estos dos ETCR (Espacios Territoriales de Capacitación y Reconciliación) está íntimamente ligada con su ubicación; esto parece haberlo entendido la población en reincorporación en Monterredondo, que en los últimos días aceptó nuestra recomendación de traslado", dijo Archila, según difundió su despacho.

    Archila agregó que en consenso con el partido de izquierda FARC (surgido tras la desmovilización de la guerrilla) se evalúan los lotes donde sería reubicado el espacio de Santa Lucía en Ituango.

    "Los organismos de inteligencia de Policía y Ejército coincidieron en determinar el interés criminal del Clan del Golfo (disidencia paramilitar) y de los grupos residuales de presionar a través de distintos mecanismos el retiro de la fuerza pública que custodia los ETCR de Santa Lucía y Monterredondo, ambos ubicados en corredores de tráfico de armas y drogas ilícitas", agregó el consejero.

    Al respecto detalló que en el caso particular de Monterredondo, en el Cauca, el Ejército aseguró que se ha generado un rechazo de la población hacia los excombatientes, promovido por el grupo armado residual Dagoberto Ramos para presionar su traslado y liberar el corredor de trafico de marihuana cultivada en el municipio de Corinto.

    Tras la firma del acuerdo final de paz entre el Gobierno y la antigua guerrilla de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), en noviembre de 2016, unos 11.000 integrantes y militantes del grupo rebelde se desmovilizaron y dejaron sus armas, de los cuales unos 3.400 se ubicaron en ETCR para desarrollar proyectos productivos como parte de su proceso de reinserción a la vida civil.

    Sin embargo, algunos antiguos ETCR (cuya vigencia legal fue de sólo 24 meses, pero cuyas instalaciones aún se mantienen y ahora hacen parte de los municipios) son objeto de presiones, amenazas y hostigamientos por parte de grupos armados ilegales relacionados con narcotráfico.

    Etiquetas:
    grupos armados, protección, FARC, Colombia
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