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    LA PAZ (Sputnik) — El Gobierno transitorio de Bolivia, cada vez más distanciado del parlamento, amenazó con "asumir acciones legales" si la Justicia no regulariza labores el venidero lunes 15 para atender decenas de procesos contra el expresidente Evo Morales (2006-2019), entre centenares de causas pendientes por la pandemia.

    "Si no se realiza de manera institucional una salida o una solución para que las personas puedan acceder a la justicia, vamos a tomar las medidas que se necesiten y tengan la seguridad que (…) el lunes vamos a tomar medidas legales para que los tribunales abran sus puertas", dijo en conferencia de prensa el ministro de Justicia, Álvaro Coímbra.

    La amenaza surgió una semana después de que el mismo Coímbra y otras autoridades presentaran 60 memoriales a la Fiscalía demandando la reanudación de otros tantos procesos contra el pasado Gobierno de Morales, por una larga lista de supuestos delitos, desde corrupción hasta fraude y terrorismo.

    Sin precisar qué "acciones legales" tomaría, Coímbra protestó porque, desde que se decretó el confinamiento a mediados de marzo, los órganos judiciales atienden solo casos urgentes, en los que está en juego la situación de personas detenidas.

    Presión política

    La iniciativa gubernamental de reactivar la presión judicial sobre Morales parecía responder a las acciones que el partido del exmandatario, el Movimiento Al Socialismo (MAS), impulsaba desde el parlamento para poner fin a la actual gestión transitoria fijando fecha —el 6 de septiembre para elecciones generales.

    Morales está exiliado desde su renuncia forzada en noviembre pasado, y entre sus principales colaboradores demandados varios están en el extranjero, algunos permanecen refugiados en la embajada mexicana en La Paz y otros están detenidos en espera de juicio.

    La presidenta interina Jeanine Áñez, autoproclamada en el cargo tras la caída de Morales y convertida luego en candidata presidencial, ha prometido varias veces que ni Morales ni el MAS retornarán al poder.

    Coímbra no ocultó su molestia por la falta de respuesta inmediata de los tribunales a los memoriales gubernamentales.

    "La anterior semana hemos remitido 60 memoriales al Ministerio Púbico que estaba con todas las intenciones de iniciar las investigaciones sobre estos procesos (contra Morales y compañía), pero nos hemos visto imposibilitados de hacerlo porque el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, no inició labores", dijo.

    Agregó que el Gobierno ha pedido al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que ordene la reanudación plena de las labores judiciales, independientemente de la emergencia sanitaria, para atender tanto los procesos contra Morales como los requerimientos de la población en general.

    "Hemos pedido (al TSJ) que más allá del índice de riesgo que pueda establecer un municipio, la justicia ya no puede adecuarse a esos índices de riesgo. Lo que tiene que hacer, así como lo están haciendo los médicos, la Policía, las Fuerzas Armadas, muchas personas que no pueden parar, es tomar todas las previsiones que necesitan para trabajar y abrir los tribunales", dijo el ministro.

    Consideró que la justicia es "un servicio indispensable para los ciudadanos, un derecho" que no debería estar condicionado a la pandemia.

    Etiquetas:
    proceso judicial, coronavirus en América Latina, pandemia de coronavirus, COVID-19, Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia, Evo Morales, Jeanine Áñez, Gobierno de Bolivia
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