No se olvidan porque esta legislación, sancionada en 2010, prohíbe la explotación minera sobre glaciares y periglaciales y establece la creación de un inventario nacional de estos cuerpos de hielo que debería haber sido finalizado en 2011.
"Es la única ley que protege verdaderamente las reservas de agua de todos los pueblos cordilleranos", afirman cuatro organizaciones ambientales y académicas en una carta dirigida al ministro de Ambiente del actual Gobierno, Juan Cabandié.
Una de ellas es la asamblea Jaćhal no se Toca, en alusión a una pequeña ciudad sanjuanina de 23.000 habitantes, a un costado del río que le otorga su nombre, que resultó afectada por los últimos derrames que provocó Barrick Gold al pie de los Andes. A lo largo de estos años, los vecinos han denunciado ante la justicia los vertidos y la contaminación causada en su jurisdicción por la minera canadiense.
"Tenemos esperanzas en que, de una vez por todas, se empiece a cumplir debidamente la Ley Nacional de Protección de Glaciares, porque no queremos condenar a nuestros hijos y nietos a una vida indigna, por no tener agua", indica a Sputnik uno de los representantes de la organización, Saúl Zeballos.
Juicio en ciernes
La Asamblea es querellante de una causa elevada a juicio oral desde hace dos años en la que fueron procesados por vulnerar la Ley de Glaciares tres exsecretarios de Ambiente que se sucedieron en el cargo durante el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015): Juan José Mussi, Sergio Lorusso y Omar Judis. También fue alcanzado el exdirector del Instituto Argentino de Nivología, Ricardo Villaba.
El vertido se produjo cuando se rompió una válvula de una tubería y se volcaron cinco millones de litros de agua cianurada sobre la cordillera, según la Asamblea Jáchal No se Toca, y sobre cinco ríos situados en las faldas de la Cordillera de los Andes cuyas aguas desembocan en las provincias vecinas de San Luis (oeste) y Mendoza (centro-oeste).
Caso omiso
Pese a estos antecedentes, la gobernación de San Juan encabezada por el peronista Sergio Uñac "sigue empecinada en desconocer el Fallo de la Corte Suprema haciendo un inventario de glaciares provincial a medida de las corporaciones megamineras para no delatar a la Barrick Gold y a la Shandong Gold", señala la misiva enviada en estos días.
Se da la paradoja de que el presidente del comité encargado de realizar el inventario de los glaciares es Raúl Tello, la mayor autoridad ambiental de San Juan desde que Barrick Gold incursionó en estas tierras, hace ya 17 años.
Allá por 2009, un informe titulado "el Cambio Climático en Argentina" realizado por la Secretaría de Ambiente del Gobierno de Cristina Fernández alertaba de que el cambio climático afectaría de manera alarmante el caudal de los ríos que desembocan en la Cordillera de los Andres y que se originan en la nieve y cuerpos de hielo.
El ministro de Ambiente, nombrado por el presidente Alberto Fernández desde el inicio de su gestión en diciembre de 2019, es la máxima autoridad de aplicación de la Ley de Glaciares.
