Con esas tribulaciones aterrizan en el aeropuerto internacional de La Aurora estos vuelos, retomados tras el "impasse" que provocó un avión "contaminado", durante el cual el Gobierno de Guatemala llegó a cuestionar la reciprocidad de su alianza con Washington.
El propio presidente de la República, Alejandro Giammattei, expresó tal duda a raíz de lo que llamó "un vuelo maldito", que dejó en entredicho el cumplimiento de los protocolos sanitarios al traer más de 40 pasajeros infectados con el coronavirus SARS-CoV-2.
La mayoría pasó de los centros de detención del Servicio de Inmigración y Aduanas de EEUU (ICE, siglas en inglés), a los albergues donde el gobierno de Guatemala los confinó en las inmediaciones del aeropuerto, en una cuarentena de dos semanas.
Al salir, se toparon con la disyuntiva de intentar volverse a un país donde no los quieren, o resignarse a quedarse en el suyo, donde el miedo a contagiarse con el COVID-19 hace que tampoco sean bienvenidos del todo. O casi nada…
Recelo y prejuicios
"Las oportunidades laborales han disminuido para los deportados, pues la discriminación aumentó", explica a Sputnik Mónica Cabrera, asesora de proyectos en Te Conecta, una organización dedicada al trabajo con los emigrantes.
Según Cabrera, en muchos lugares los pobladores no quieren siquiera acercarse a quienes deportaron antes de la pandemia, por miedo a contagiarse. Se dan casos de familiares y amigos de infancia que los evitan, o si acaso, saludan de lejos.
Con tal antecedente, y la estigmatización implícita en la denuncia de Giammattei, la vida se vuelve más dura para un grupo al que, de por sí, ya le cuesta conseguir empleo.
"Es un desafío, pero no pueden desesperarse. Hay organizaciones que creen en ellos y los apoyan. En Te Conecta no tenemos la solución a todos sus problemas, pero ya hemos ayudado a que muchos tengan un trabajo fijo", dice a Sputnik.
Afinando protocolos
El 9 de junio llegó un vuelo con 50 deportados a bordo, 10 de ellos menores de edad: además de su equipaje y sueños rotos, traían una constancia de que en las últimas 72 horas se sometieron a una prueba de COVID-19, y que la misma resultó negativa.
Las partes acordaron que cada avión traiga un máximo de 50 personas —tres veces menos que los vuelos previos—, las cuales serán evaluadas nuevamente al llegar a Guatemala.
El proceso se antoja largo, sobre todo porque el ICE mantiene en custodia a 5.457 guatemaltecos, de los cuales 2.577 tienen orden final de deportación, y el resto aguarda el mismo destino fatal.
