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    QUITO (Sputnik) — El Consejo de Administración del Parlamento de Ecuador calificó dos denuncias que podrían terminar en la destitución del legislador oficialista Daniel Mendoza.

    "El Consejo de Administración Legislativa (CAL) acaba de calificar dos denuncias presentadas en contra del asambleísta Daniel Mendoza (…) por la eventual violación del artículo 127 de la Constitución y 163 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en cuanto a la prohibición de gestionar cargos públicos", dijo en conferencia de prensa Patricio Donoso, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional de Ecuador.

    Las denunciantes apuntan a destituir a Mendoza, con base en la Constitución Política de Ecuador y la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que prohíben a los legisladores ofrecer, tramitar, recibir o administrar recursos del Presupuesto General del Estado.

    También a percibir dietas u otros ingresos de fondos públicos que no sean los que corresponden a su cargo.

    El legislador al momento es procesado por el presunto cargo de delincuencia organizada en un contrato para la construcción de un hospital de 30 camas, en la población de Pedernales, ubicada en la provincia de Manabí (oeste).

    Tras la calificación de las denuncias presentadas por dos asambleístas de oposición al partido oficialista Alianza País (del que Mendoza fue parte hasta hace pocos días), el pleno del Parlamento deberá integrar una comisión ocasional de investigación multipartidista, compuesta por tres miembros.

    Desde el sábado, Mendoza se encuentra recluido en la cárcel 4 de Quito (norte), luego de que un juez de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador dictó orden de prisión en su contra ante un pedido de la fiscal General, Diana Salazar.

    El CAL decidió suspender el sueldo a Mendoza, mientras permanece detenido.

    El miércoles 9, durante la audiencia de formulación de cargos, la Fiscal General de Ecuador, Diana Salazar, mostró peritajes de intercambios de chats y registros de conversaciones telefónicas entre Mendoza y personas relacionadas con la construcción del hospital, y lo acusó de integrar una supuesta red de corrupción alrededor de ese proyecto público.

    A mediados de mayo, miembros de la Fiscalía y de la Policía Nacional realizaron seis allanamientos en la provincia de Manabí y detuvieron a nueve personas.

    Uno de los detenidos fue un asesor de Mendoza.

    En esos operativos se decomisaron alrededor de 1,6 millones de dólares en efectivo y cheques armas de fuego, sellos de entidades públicas y kits de alimentos.

    El contrato para la construcción del hospital de Pedernales se firmó el 13 de febrero y el 3 de marzo se hizo efectivo el pago del anticipo del 50%, por 8,2 millones de dólares.

    Sobre el uso de esos fondos, un informe de la Contraloría General del Estado, divulgado hace poco, señaló que el consorcio al que se adjudicó la obra no justificó los movimientos bancarios, y que apenas quedaban 893.932 dólares en la respectiva cuenta.

    "Estos hechos configuran indicios de delitos en contra de los recursos públicos", concluyó la Contraloría.

    Jorge Rodríguez, miembro de la Comisión Nacional Anticorrupción, anunció que presentará a la Fiscalía documentos que probarían la vinculación de Mendoza con 12 empresas que obtuvieron contratos con diferentes entidades para realizar obra pública en Manabí.

    Etiquetas:
    corrupción, Asamblea Nacional de Ecuador, Ecuador
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