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    Los sindicatos de la industria oleaginosa apoyan la defensa de los miles de puestos de trabajo que supone la expropiación de Vicentin, una de las principales empresas locales dedicada al acopio de granos y fabricación de aceites y harinas para venta internacional.

    En medio de cruces entre defensores y detractores de la nacionalización del gigante agroexportador Vicentin en Argentina, los trabajadores industriales del sector, incluidos los operarios de las plantas de la firma ubicadas en la provincia de Santa Fe (centro), manifestaron su apoyo a la decisión del Gobierno de Alberto Fernández.

    El 8 de junio, el presidente decretó la intervención y el inicio del proceso legislativo para estatizar el Grupo Vicentin, declarada en concurso preventivo de quiebra desde inicios de 2020, por considerarla de utilidad pública. Se busca preservar los 6.000 puestos de trabajo y que el Estado incursione en el mercado agroexportador, gran generador de divisas necesarias para superar la crisis financiera local.

    "Vemos con buenos ojos en el sentido que se garantice la continuidad de los puestos de trabajo, calculá que además del empleo directo son muchísimas personas de varias regiones del país que indirectamente dependen de esta empresa", dijo a Sputnik Sergio Díaz, vocero del Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de Rosario, que integra la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (FTCIODyARA).

    Díaz mencionó que Gobiernos en todo el mundo se encuentran en proceso de estatización y protección de empresas estratégicas en el marco de la crisis económica mundial producida por la pandemia de coronavirus.

    La Federación apoyó a su vez a través de un comunicado oficial la decisión del Gobierno como medida necesaria para enfrentar una crisis económica cuyas consecuencias se profundizarán con la pandemia.

    "No habrá salida si no desmantelamos las políticas neoliberales que debilitaron al Estado y construimos uno con mayor presencia en la economía, que favorezca la producción sobre la especulación, que intensifique la protección del trabajo, que garantice el pleno empleo, con paritarias libres y salarios mínimos y vitales conforme a su definición legal y constitucional", dice el texto.

    Si bien en las oficinas administrativas de la empresa en la zona de Avellaneda, en la provincia de Santa Fe, algunos empleados y familiares realizaron demostraciones de rechazo a la intervención, las tres plantas en la provincia manifestaron su apoyo ya que explicaron en diversas intervenciones mediáticas que la relación con la empresa había empeorado en los últimos dos años y que no estaban recibiendo los aumentos paritarios correspondientes.

    Mensajes de apoyo

    • "La decisión del presidente Alberto Fernández de intervenir Vicentin es muy buena. Se paró la incertidumbre sobre las fuentes laborales", dijo uno de los delegados gremiales de Vicentin, Leandro Monzón, al ser entrevistado.
    • "En 2019, la empresa cerró dos sectores, refinería y fraccionado, que se encarga de envasar el aceite, y entre despidos y retiros voluntarios se fueron alrededor de 60 trabajadores. El Gobierno nos prometió cuidar el trabajo", comentó a la prensa Dionisio Alfonso, secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros y Desmotadores de Algodón de los Departamentos General Obligado y San Javier, que también integra la FTCIODyARA.
    • "Esto trae un alivio muy grande a los trabajadores. Era una angustia muy grande para la gente de la región", dijo en un entrevista radial Pablo Reguera, secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros del Departamento de San Lorenzo, que nuclea a la mitad de los 2.000 operarios empleados en esa terminal portuaria.
    • "El Gobierno tomó la decisión que tenía que tomar, es correcta, y nosotros salimos a apoyarla al entender que salvaguarda la situación de más de 4.000 trabajadores", dijo por su parte Ramón Ayala, secretario general de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre), en entrevista radial.

    ​Desde septiembre de 2019, los trabajadores denuncian no percibir aumentos, aunque recibieron algunos aportes adicionales. Las tres plantas de Vicentin paralizaron actividades en diciembre de 2019, cuando la empresa se declaró en cesación de pagos por una deuda que acumula 100.000 millones de pesos (1.450 millones de dólares). Los trabajadores siguieron cobrando la mayor parte del salario.

    Vicentin, en convocatoria de acreedores desde inicio de 2020, se encuentra prohibida de operar en los mercados, pero las plantas fueron reabiertas hace unos meses para trabajar a fasón, o sea procesando el grano de otras compañías.

    Los sindicatos demandan cobrar el 35% de aumento correspondiente a mayo, que no han todavía percibido, y esperan una reunión con los directivos para esclarecer si recibirán el monto adeudado a pesar de la intervención. El Ministerio de Trabajo nacional aseguró que los salarios se pagarán por completo.

    Etiquetas:
    pandemia de coronavirus, crisis económica, nacionalización, deuda, agroindustria, agronegocio, cereales, Argentina, trabajadores, empleo
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