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    MONTEVIDEO (Sputnik) — Antes del COVID-19, la inseguridad era la gran preocupación de los uruguayos e incluso varios analistas sostienen que la falta de una respuesta más severa al problema fue uno de los motivos por los cuales el Frente Amplio (centroizquierda) perdió las elecciones después de estar 15 años en el Gobierno.

    A pesar de ser uno de los países más pequeños en América Latina y de tener baja densidad poblacional, Uruguay presenta la cuarta tasa de homicidios más alta de América del Sur, con 11,8 por cada 100.000 habitantes, mientras que Montevideo es la segunda capital con más asesinatos de la región.

    El Gobierno de Luis Lacalle Pou, apoyado en una "coalición multicolor" de varios partidos de centro y de derecha, ya superó los 100 días de gestión y el tema sigue generando polémica.

    Mientras el ministro del Interior, Jorge Larrañaga, promete "mano dura" con la delincuencia, defiende una suba de penas para menores de edad y pide mayor autoridad a la policía, desde la oposición se cree que hasta el momento no se ha producido una diferencia en los hechos con respecto a la anterior administración.

    "Hay un cambio en el discurso, que no necesariamente significa una modificación real en la política. Creo que el Gobierno va a tener mucha continuidad con la administración pasada. Hay elencos que continúan, (como) la plana mayor de la policía, personas con responsabilidad dentro del ministerio del Interior (...) Yo diría que no va a haber grandes rupturas con procesos de políticas pasadas", dijo a Sputnik el sociólogo Rafael Paternain, exdirector del Observatorio de Criminalidad y senador suplente del Frente Amplio.

    Presencia

    Sin embargo, el senador oficialista Gustavo Penadés aseguró en diálogo con Sputnik que existen "grandes diferencias" con respecto a la administración anterior porque el Gobierno instaló un respaldo institucional a la acción policial dentro de la ley y hay una "fuerte presencia" del Estado en el combate contra el delito.

    "En la anterior administración la desconfianza entre el Ministerio del Interior y la policía era una moneda corriente. Ahora no está pasando eso", dijo.

    Destacó que, a pesar del COVID-19, se tomaron acciones concretas

    "El Gobierno a pesar de la pandemia está tomando medidas para cumplir con los permisos electorales: la recuperación sentido de autoridad policial en el cumplimiento estricto de la ley y se estableció un combate central contra el narcotráfico", afirmó.

    El Gobierno de Lacalle Pou presentó al Parlamento un proyecto de Ley de Urgente Consideración, que abarca diversos temas y hace especial énfasis en cambios en materia de seguridad.

    Entre otras cosas, brinda "mayores garantías" para la policía, expande el ámbito de la legítima defensa, aumenta las facultades para detener y ejercer la autoridad, establece la presunción relativa de inocencia para los agentes de la ley y crea el delito de agravio a la autoridad policial.

    Idea de la autoridad

    Paternain sostuvo que el discurso del Gobierno es "muy primitivo y básico", especialmente en sus conceptos del orden y de la autoridad.

    "Ellos quieren dar la idea de que vienen a recomponer un orden institucional y que el eje de ese orden tiene que estar basado en la autoridad de la policía. El efecto de esto es tener un discurso marcadamente autoritario con ribetes legales, porque la autoridad en realidad es un vínculo social que se construye entre dominantes y dominados. Es una visión que puede dar lugar a un incremento de los niveles de violencia institucional en la sociedad", advirtió.

    El 1 de marzo, el día de su asunción, Lacalle Pou aseguró que no va a ceder territorio al narcotráfico y que va a recuperar el control de todos los rincones del país.

    "Vamos a dar apoyo legal y moral a los uniformados de azul; vamos a cuidar a los que nos cuidan", manifestó.

    En mayo del año pasado, cuando era senador opositor, Larrañaga comenzó a recolectar firmas para plebiscitar una reforma constitucional que establecería la creación de una Guardia Nacional para acciones de seguridad interna, conformada por 2.000 efectivos de las Fuerzas Armadas, entre otras modificaciones.

    El referendo precisaba de 50% más uno de los votos para ser aprobado, pero no consiguió el objetivo, aunque estuvo cerca, obteniendo 46,8% de los sufragios.

    Homicidios

    Paternain advirtió que el problema de la violencia y del delito se han mantenido "casi inalterados", con un "aumento importante" de las tasas de homicidios.

    "En las últimas semanas han tendido a crecer, lo que demuestra la gravedad del fenómeno. Este crecimiento se agrega al aumento de los años anteriores", señaló.

    Sin embargo, Penadés dijo que "nadie seriamente puede manejar cifras de aumento o disminución en 100 días".

    "Se pueden comparar datos, pero no se pueden sacar conclusiones determinantes", afirmó.

    El 2 de abril, el Gobierno informó que aumentaron un 23% los homicidios en marzo si se comparan con igual mes del año pasado.

    Etiquetas:
    narcotráfico, homicidio, seguridad, Uruguay
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