"Al día de hoy sigue sin actuar, la Defensoría, al punto que la última vez que le pedimos reunión nos dijo que nos avisaría cuando pasara la emergencia del COVID-19 y que estaban preparando algo", denunció Arroyo, presidente de la Asociación Ciudadana (Acceder), en su blog Lara en las Nubes.
Varias organizaciones y activistas alertan hace años sobre la ausencia de un mecanismo de protección a personas defensoras de derechos humanos, así como el reconocimiento y registro de crímenes cometidos en su contra, y de un protocolo para investigarlos.
Prueba de ello fueron los asesinatos de Sergio Rojas, un líder indígena Bribri, y de Jehry Rivera, dirigente Bröran, a despecho de las medidas cautelares ordenadas desde 2015 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que el Estado costarricense garantizara la integridad de los miembros de dichos pueblos.
"En todo caso, espero que este pronunciamiento sacuda por fin al estado costarricense y cumpla con su deuda de larga data y su deber jurídico de protección especial a las personas defensoras de derechos humanos", señaló Arroyo respecto al informe recién emitido en Ginebra.
Mary Lawlor, relatora especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos y responsable del referido reporte, señala que a 14 meses del asesinato de Rojas "todavía no está claro si las autoridades se encuentran más cerca de identificar a los responsables".
"Hasta que no se hagan las investigaciones adecuadas y responsabilidad con estos crímenes, seguiremos viendo la intimidación, los daños y la muerte", dijo Lawlor al denunciar la impunidad, parcial o total, de los ataques contra los defensores de los indígenas.
Aunque el Gobierno de Costa Rica incrementó la presencia de la policía en las comunidades, las investigaciones han sido inadecuadas e inconclusas y como resultado, las víctimas y sus familiares siguen siendo amenazados por los supuestos autores de los ataques, señaló la experta.
"Parece que los autores de las intimidaciones, amenazas, tiroteos y asesinatos a menudo quedan en libertad cuando sus víctimas son defensores de los derechos humanos de los indígenas", apuntó Lawlor al subrayar que la impunidad alimenta la violencia.
La presencia policial aumenta en las comunidades indígenas, pero las investigaciones quedan inconclusas, y como consecuencia, las víctimas y sus familiares son amenazadas y agredidas por los presuntos perpetradores.
Al cierre de esta información, ni la Defensoría de los Habitantes ni el Gobierno de Costa Rica se han pronunciado sobre esta denuncia de Naciones Unidas.
