"El juez Marco Rodríguez acogió el pedido de la Fiscal General y señaló el inicio de una instrucción fiscal por 90 días", dijo la Fiscalía en un comunicado.
Previo a la decisión del juez, la Fiscal General de Ecuador, Diana Salazar, formuló cargos contra 6 personas, incluido Mendoza; para una persona implicada en el caso, se pidió arresto domiciliario y prohibición de salir del país.
Según la Fiscal, Mendoza, valiéndose de su cargo, habría coordinado algunas acciones para obtener contratos de obra pública en la provincia de Manabí (oeste), entre las que estaban el Hospital Básico de Pedernales.
Entre las pruebas encontradas en allanamientos en Manabí constan registros y pagos a funcionarios públicos, entre ellos Mendoza y los otro cuatro implicados.
Salazar afirmó que los procesados formaron un grupo estructurado, cuyas acciones se realizaron de manera reiterada y planificada con el único fin de buscar beneficio económico y material.
Según la fiscal, en los allanamientos realizados como parte de las investigaciones, se encontró registros y pagos a funcionarios públicos, entre ellos al asambleísta Mendoza y a otros tres de los detenidos.
Luego de la decisión del juez, en medio de un operativo policial, Mendoza fue recluido en una cárcel de Quito.
De acuerdo con el Código Orgánico Integral Penal (COIP), el delito de delincuencia organizada es sancionado con prisión de 7 a 10 años.
Los procesados fueron detenidos la madrugada del 5 de junio, en un operativo liderado por la Fuerza de Tarea Multidisciplinaria de Fiscalía, con el apoyo de la Policía Nacional, en varios allanamientos ejecutados en Portoviejo y Bahía de Caráquez, en la provincia de Manabí; y en Quito, capital de Ecuador.