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    QUITO (Sputnik) — La Contraloría General de Ecuador encontró una diferencia no justificada de alrededor de 345.020 dólares en dos contratos de compra de bienes, servicios e insumos médicos por parte de la Prefectura de Guayas (oeste), cuya capital es Guayaquil.

    "El Contralor General del Estado, Pablo Celi, aprobó y envió a la Fiscalía dos informes con indicios de responsabilidad penal, derivados del examen especial a los procesos de adquisición de bienes, servicios, dispositivos e insumos médicos, en el Gobierno Autónomo Provincial del Guayas", informó la Contraloría en un comunicado.

    Al momento, el titular, Carlos Luis Morales, es procesado por la Fiscalía por un supuesto delito de tráfico de influencias.

    De acuerdo con la auditoría de la Contraloría, en un contrato por 585.500 dólares para comprar mascarillas KN-95 y pruebas rápidas para detectar COVID-19, se detectó una diferencia de 259.700 dólares.

    En ese caso, la Prefectura pagó un valor unitario de 6,71 dólares por 70.000 mascarillas KN-95, cuando en el mercado se las encuentra en tres dólares.

    Asimismo, canceló 23,16 dólares por cada prueba rápida, pese a que el precio en el mercado no supera los 11,20 dólares.

    En otra compra, de 50.000 kits de alimentos (con ocho productos cada uno), el ente de control concluyó que hubo un incremento de costos por 85.320 dólares.

    Morales fue detenido el miércoles en Guayaquil (suroeste), durante una serie de allanamientos realizados por la Fuerza de Tarea, creada por la Fiscalía de Ecuador exclusivamente para investigar denuncias de corrupción en contrataciones realizadas en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19, que rige en ese país desde mediados de marzo.

    La Fiscalía formuló cargos contra Morales por supuesto tráfico de influencias y pidió prisión preventiva; sin embargo, un juez penal de Guayaquil no aceptó el pedido y ordenó el uso de un grillete de seguridad como medida alternativa, además de la prohibición de salida del país y la presentación periódica ante un juez.

    El funcionario retomó su despacho en la Prefectura sin portar el grillete de seguridad; su abogado defensor dijo que las autoridades respectivas no le colocaron el dispositivo por falta de ese equipo.

    Sin embargo, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI) afirmó que sí dispone de los dispositivos pero Morales no se presentó para que se lo coloquen.

    Recién el viernes 5 el prefecto acudió al SNAI para que le coloquen el dispositivo.

    Entre tanto, la esposa de Morales y dos hijos de ésta, investigados por la Fiscalía en las compras irregulares por parte de la Prefectura, abandonaron Ecuador, según informó el viernes la Fiscal de la Nación, Diana Salazar.

    Morales, exguardameta del popular equipo de fútbol Barcelona, de Guayaquil, asumió como prefecto de Guayas en mayo de 2019 tras ser elegido como parte de las listas del derechista partido Social Cristiano.

    Antes, entre 2006 y 2016, pasó por el populista Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE), del expresidente ecuatoriano Abdalá Bucaram (2006-2007); luego se unió a las filas de Centro Democrático (populismo de derecha) y después a Alianza País, cuando era liderado por el entonces presidente Rafael Correa (2007-2017).

     

    Etiquetas:
    justicia, corrupción, Ecuador
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