"Hicimos varios análisis de los contratos, separamos en grupos, el más urgente eran aquellos contratos pendientes que ya fueron firmados por las partes, algunos de ellos ya ejecutados inclusive, en parte de ellos encontramos irregularidades que no correspondían a decisiones unilaterales por las consecuencias jurídicas que pueda acarrear esto", dijo el titular de la Comisión, ministro Arnaldo Giuzzio, a la radio 780 AM.
Detalló que fueron analizados unos 32 procesos cuyas irregularidades se hicieron notar y fueron elevados al ministro de Salud Pública, Julio Mazzoleni, para tomar la decisión correspondiente.
"Ninguna de estas 32 empresas, salvo las ya rescindidas han recibido dinero", subrayó.
Por su parte, Mazzoleni confirmó que todos los procesos que tengan objeciones de la CESC serán cancelados.
La Comisión fue creada por el Gobierno paraguayo tras varias denuncias de irregularidades.
El objetivo principal de esta Comisión es acompañar al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y a otros Organismos y Entidades del Estado en dichos procesos para la contención de la pandemia.
El contrato fue por 80.000 millones de guaraníes (12.069.120 de dólares) para las dos empresas y se realizó un adelanto de 17.000 millones de guaraníes (2.564.688 de dólares) que deben ser devueltos al Gobierno.
Ese pago fue uno de los principales puntos controvertidos, debido a que un adelanto contradice los principios de una compra de insumos por la vía de la excepción.