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    El coronavirus en Bolivia (197)
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    LA PAZ (Sputnik) — Una denuncia periodística de presunta corrupción en una compra de gases lacrimógenos para la policía boliviana se convirtió en un escándalo que incluía una licencia forzosa del informador responsable y duras condenas internas y externas a amenazas lanzadas por el Gobierno.

    "La licencia forzada del periodista Junior Arias pone en evidencia la censura indirecta que ha ejercido el Ejecutivo a través de amenazas", denunció la Defensoría del Pueblo, a tono con sendos pronunciamientos de la Comisión Interamericana y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

    Arias se tomó unos días libres a partir del 3 de junio, para proteger a su familia tras sentirse amenazado por el Gobierno y detectar que era objeto de seguimiento de presuntos agentes gubernamentales, anunció el director de la cadena de televisión Gigavisión y padre del periodista, Jorge Arias.

    Las organizaciones nacionales de periodistas, trabajadores y propietarios de medios guardaban silencio hasta el final del día.

    Denuncia documentada

    Arias, quien denunció en los últimos meses varios casos de corrupción en el Gobierno transitorio de Jeanine Áñez, que resultaron comprobadas y hasta derivaron en procesos judiciales contra los responsables, reveló presuntos tráfico de influencias y sobreprecio en la compra de materiales químicos antidisturbios.

    Esta denuncia, divulgada el pasado fin de semana, fue respondida el 30 de mayo por el Ministerio de Gobierno mediante un comunicado en el que, admitiendo la compra, por unos siete millones de dólares, acusó al periodista de practicar "guerra sucia" y "guerra política" y advirtió que no descansaría hasta que la información fuese rectificada.

    Arias replicó el 1 de junio publicando en Gigavisión imágenes de varios documentos que sustentaban la denuncia.

    La Defensoría del Pueblo dijo que el Gobierno presionó previamente a Gigavisión "a través de la restricción de la pauta publicitaria, lo cual se constituye en la afectación a la libertad de prensa y de expresión y además vulnera el derecho de la población al acceso a la información".

    Agregó que esperaba que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dé pronto curso a la solicitud de medidas cautelares hecha por el periodista.

    La Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), dirigida por Michelle Bachelet, cuestionó el hostigamiento al periodista.

    "Los periodistas que investigan presuntos actos de corrupción no deben ser blanco de hostigamiento o acoso. El Estado debe abstenerse de reacciones desproporcionadas que puedan generar un efecto inhibitorio o silenciador en la prensa", dijo vía Twitter.

    ​Agregó que "en un sistema democrático las autoridades están sometidas a un mayor escrutinio público y deben favorecer el debate bajo un clima de apertura al trabajo de la prensa".

    Al anunciar el "repliegue" de Arias, el director de Gigavisión dijo que con esa medida el medio buscar "saber si el Estado puede o no brindar las garantías que se necesitan para el ejercicio libre, independiente y soberano de la libertad de expresión".

    El Gobierno de Áñez instalado en noviembre de 2019 ha resultado envuelto en varios escándalos de corrupción, uno de ellos referido a la compra de 170 respiradores para la atención de enfermos de COVID-19 que ha derivado en la destitución del exministro de Salud, Marcelo Navajas, procesado ahora junto con ahora otras cinco personas.

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