"La solución definitiva al problema de la producción y comercialización cuenta con una ruta diseñada en el Acuerdo Final de Paz, consistente en la sustitución de los cultivos como medida principal y la erradicación como medida subsidiaria", dijo el defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, en un comunicado público.
El despacho del Defensor del Pueblo destacó que, en algunas ocasiones, las protestas sociales escalaron a enfrentamientos entre las autoridades y la población campesina cultivadora.
Según Negret, se observó cómo en algunas oportunidades actores armados ilegales incitaron confrontaciones y conminaron a los pobladores a movilizarse, incluso a población no cultivadora, que no tiene relación con los territorios objeto de sustitución o erradicación forzada de cultivos ilícitos.
Por su parte, el Ministerio de Defensa expresó que comparte "la preocupación de la Defensoría del Pueblo por la acción de los grupos armados ilegales que presionan las confrontaciones y conminan a los pobladores a movilizarse en contra de la Fuerza Pública", pero destacó que "la erradicación de cultivos ilícitos se realiza bajo claros parámetros de respeto a la legalidad y a los derechos humanos".
Por último, destacó que la erradicación manual de cultivos ilícitos obedece a un planeamiento técnico y coordinado, el cual, aseguró, "respeta los acuerdos de sustitución vigentes y los territorios de resguardos indígenas", así como también las garantías de la consulta previa.
