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    El coronavirus en Bolivia (188)
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    LA PAZ (Sputnik) — La iglesia católica de Bolivia se sumó a la indignación ciudadana provocada por las denuncias de corrupción en una reciente compra gubernamental de ventiladores médicos para combatir la pandemia de COVID-19, y la condenó como "irresponsable e inmoral".

    "La corrupción y politización ponen en peligro la vida de los bolivianos. Deploramos y rechazamos la evidente corrupción tan irresponsable e inmoral en la adquisición de ventiladores para salvar la vida de los enfermos", dijo la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) en un mensaje.

    La declaración, leída a los medios por el secretario general de la CEB, el obispo Aurelio Pesoa, surgió mientras el Gobierno transitorio de Jeanine Áñez seguía enfrentando grandes dificultades para frenar la pandemia, que según expertos oficiales alcanzaría su pico de contagios a fines de junio.

    A los reportes de prensa sobre el colapso de los servicios de salud de los departamentos tropicales de Santa Cruz (este) y Beni (noreste), en los que se concentra más del 85% de los casos de COVID-19, se sumó este 28 de mayo una huelga de hambre de médicos de La Paz en demanda de equipos de bioseguridad y equipamiento hospitalario.

    Transparencia y politización

    Los obispos católicos, históricamente de gran influencia en la vida política boliviana, afirmaron que el Gobierno debería "escuchar a los expertos" y "actuar informando con toda verdad a la población", para lograr resultados positivos en la lucha contra la pandemia de COVID-19.

    La falta de claridad en los informes oficiales sobre el precio y las cualidades de 170 respiradores importados a mediados de mayo desde España fue una de las razones esgrimidas por el parlamento para aprobar el 25 de mayo la creación de una comisión que investigará esa contratación.

    La indagación parlamentaria, a la cual sería convocada también la presidenta Áñez como responsable final de la compra estatal, se realiza en forma paralela a un juicio penal impulsado por el Gobierno contra su exministro de Salud, Marcelo Navajas, y otras cinco personas que ahora están en detención preventiva.

    Los obispos denunciaron además en su declaración que una "politización para fines electorales" de la crisis sanitaria agravaría los riesgos para la población.

    Esta advertencia parecía apuntar tanto al Gobierno, que ataca frecuentemente a la pasada administración de Evo Morales por los problemas del sistema de salud, como al Movimiento Al Socialismo (MAS) del exgobernante, que reclama transparencia en los gastos públicos y atención a los factores sociales de la lucha contra la pandemia.

    La electoralización señalada por los obispos se refería a los comicios generales cuya fecha se espera que sea fijada en los próximos días por el Tribunal Supremo Electoral y en los cuales la presidenta Áñez será candidata.

    La CEB señaló que, sin desconocer la importancia de las elecciones, para Bolivia resulta más urgente cuidar la salud y la vida, esperando "al momento en que empiece a descender el número de contagios" para definir el calendario electoral.

    Entretanto, la pandemia parecía fuera de control en Santa Cruz y Beni, donde había 6.721 de los 7.768 casos de COVID-19 registrados hasta el 27 de mayo en todo el país.

    En ambas regiones, en particular en Trinidad, la capital del Beni, la capacidad de los hospitales fue ampliamente rebasada y se preveía que tampoco serían suficientes hospitales de emergencia que eran instalados por militares.

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    corrupción, Iglesia católica, Iglesia, COVID-19, Jeanine Áñez, coronavirus en América Latina, Bolivia
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