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    La Marcha del Silencio que cada año realizan los familiares de los casi 200 detenidos desaparecidos por la dictadura uruguaya debió ser suspendida por primera vez debido a la pandemia. Sin embargo, la virtualidad y el cambio de Gobierno despertaron una participación histórica, comentó a Sputnik un integrante de Madres y Familiares de Desaparecidos.

    Por primera vez en 25 años, los familiares de detenidos y desaparecidos durante la dictadura militar en Uruguay (1973-1985) no podrán marchar por la Avenida 18 de Julio —principal arteria de Montevideo— levantando los carteles de las personas cuyo paradero nunca fue dilucidado por las Fuerzas Armadas. Es que la pandemia de COVID-19 impidió la realización de la tradicional Marcha del Silencio, que todavía reclama información sobre el destino de cerca de los 195 uruguayos desaparecidos.

    La primera Marcha del Silencio se realizó en 1995, diez años después del retorno a la democracia en el país sudamericano. La fecha elegida desde entonces fue el 20 de mayo, en conmemoración del asesinato de los dirigentes políticos Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz en 1976, mientras se encontraban exiliados en Buenos Aires. La convocatoria ha crecido y en los últimos años logró consolidarse como una de las manifestaciones más multitudinarias en Uruguay.

    Si bien en Uruguay nunca rigió una cuarentena obligatoria, la organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos resolvió no convocar a la marcha para cumplir con las recomendaciones sobre evitar la aglomeración de personas. La convocatoria presencial fue cambiada por una serie de actividades virtuales que desde semanas antes de la fecha buscaron poner el tema de los desaparecidos en una agenda pública concentrada por el coronavirus y la Ley de Urgente Consideración propuesta por el Gobierno de Luis Lacalle Pou.

    Semanas antes de la marcha, la organización invitó a la población uruguaya a colocar en sus ventanas y balcones las fotografías de los desaparecidos y la consigna "Memoria, verdad y justicia", así como imágenes de la margarita que identifica a la organización.

    "Estamos viendo en los muros y por todos lados la respuesta de la gente, que lo ha tomado y hay una enorme participación pintando su margarita y sus carteles", valoró el integrante de Familiares Ignacio Errandonea, al ser consultado por Sputnik.

    Los familiares de desaparecidos también invitaron a la población a utilizar las redes sociales para compartir fotografías y vídeos de sus intervenciones, con los hashtags #MarchadelSilencio2020 y #MarchadelSilencioPresente.

    A pesar de que no habrá marcha, la organización decidió gestionar los permisos para que la Avenida 18 de Julio esté igualmente vacía. La idea de los familiares es que, en lugar de los manifestantes, la avenida sea recorrida por un camión con las imágenes de todos los detenidos desaparecidos, cumpliendo el mismo recorrido de años anteriores. En forma simultánea, una transmisión de conjunta de varias radios y canales de televisión pública emitirá los nombres de cada desaparecido.

    "La idea es que 18 de Julio esté vacía y todos podamos decir 'presente' desde nuestras casas", explicó Errandonea. De hecho, los integrantes de Madres y Familiares por primera vez no se reunirán y, para cumplir con las recomendaciones sanitarias, recordarán a sus familiares cada uno en su hogar.

    La pandemia de COVID-19 no es el único factor que hace especial a la Marcha del Silencio de 2020. A mitad de camino entre la edición 2019 de la marcha y la de 2020, fueron hallados en un predio militar los restos de Eduardo Bleier, un militante comunista que se encontraba desaparecido desde 1975.

    La expectativa también está centrada en la predisposición para encontrar a los desaparecidos del Gobierno encabezado por Lacalle Pou, que asumió el 1 de marzo de 2020 a partir de una coalición de Gobierno que tiene entre sus miembros a Cabildo Abierto, formación política encabezada por el excomandante del Ejército Guido Manini Ríos. El exmilitar había sido destituido en su cargo de comandante por el expresidente Tabaré Vázquez (2005-2010 y 2015-2020) tras cuestionar el accionar de la Justicia en causas relativas a crímenes cometidos por militares durante la dictadura.

    Errandonea consideró que todos estos factores "confluyen" en que la convocatoria haya tenido una participación numerosa en los días previos. El integrante de Familiares —que busca a su hermano Juan desde 1976— destacó la "creatividad" de ciudadanos y colectivos por los derechos humanos y confió en que la edición de 2020 "va a marcar un cambio muy importante".

    "Esta nueva forma de manifestarnos creo que ha sido entendida y la consigna de que 'todos somos familiares' está vigente y se ve en las calles y en las redes", sintetizó.

    Lacalle Pou y el “partido militar”, las nuevas interrogantes

    A dos meses de la asunción de Lacalle Pou, Errandonea remarcó que "es deber del Gobierno hacer que las Fuerzas Armadas den la información" necesaria para dar con los restos de todos los desaparecidos. El integrante valoró que se continúen las excavaciones en predios militares, aunque lamentó que "hacerlo sin información es hallarlos de a poco, como ha pasado hasta ahora".

    En efecto, desde 2002 equipos de antropólogos han logrado encontrar restos de seis detenidos desaparecidos. Además de Bleier en 2019, fueron encontrados Roberto Gomensoro en 2002, Fernando Miranda y Ubagésner Cháves Sosa en 2006, Julio Castro en 2011 y Ricardo Blanco en 2012. Todos fueron encontrado en predios militares.

    "Desde Madres y Familiares estamos convencidos de que los vamos a encontrar a todos. Tardaremos más o menos y tardaríamos mucho menos si las Fuerzas Armadas dejarán de ser cómplices de la desaparición forzada y dieran toda la información", enfatizó.

    Errandonea también sostuvo que el Parlamento uruguayo debería "poner coto" a expresiones como las del senador Manini Ríos, que durante una sesión parlamentaria en abril cuestionó que la Justicia haya enviado a prisión a un exmilitar por el asesinato del exmilitante anarquista Iván Morales Generalli en 1974.

    "Sabemos que Manini es el representante del partido militar y sabemos que los militares siempre pensaron lo mismo, antes desde el Círculo Militar (asociación gremial de militares retirados) y ahora desde su partido político, pero se le debe poner un límite desde el Parlamento y el Gobierno porque son manifestaciones antidemocráticas y que cuestionan a la Justicia", añadió.

    Etiquetas:
    crímenes de lesa humanidad, Dictadura cívico-militar en Uruguay (1973-1985), desaparecidos, Uruguay
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