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    LA PAZ (Sputnik) — La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos (OACNUDH) demandó al gobierno boliviano que modifique un decreto sobre información, con objeto de que la libertad de expresión no sea criminalizada durante la lucha contra contra la pandemia de COVID-19.

    "El Decreto Supremo 4.231 sobre difusión de información durante la pandemia debe ser modificado para no criminalizar la libertad de expresión y hacerlo plenamente compatible con las obligaciones internacionales del Estado", dijo la oficina local de la OACNUDH en una declaración vía Twitter.

    ​La declaración surgió al día siguiente de que, ante una ola de rechazo interno y externo, el Gobierno transitorio de Jeanine Áñez ratificara esa disposición enmarcada en las reglas de la pandemia contra la pandemia provocada por el nuevo coronavirus.

    La publicación de la OACNUDH señaló que el decreto cuestionado, que define a la desinformación como un delito contra la salud pública constituía una "respuesta penal al ejercicio de la libertad de expresión (que) resulta excesiva".

    La norma, que amplió el alcance de una anterior disposición del Gobierno que tipificó como delito penal a la difusión de informaciones que pudieran provocar incertidumbre en la población, fue incluida la semana pasada en un conjunto de reglas adicionales de la actual cuarentena en Bolivia.

    La declaración de la OACNUDH ratificó un reciente informe del Relator de la ONU sobre Libertad de Expresión en sentido de que "la penalización de la desinformación es desproporcionada".

    Citó también a la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Huymanos, Michele Bachelet, advirtiendo que "en lugar de amenazar a periodistas o acallar las críticas, los Estados deberían alentar un debate saludable sobre la pandemia y sus consecuencias".

    La misión en Bolivia de la OACNUDH añadió que estaba dispuesta a colaborar al Gobierno de Áñez en la modificación del decreto, que fue rechazado previamente por las organizaciones de dueños de diarios y de periodistas del país.

    La Defensoría del Pueblo de Bolivia, la Comisión Inrteramericana de Derechos Humanos y el grupo Human Rights Watch exigieron también la anulación de la norma.

    Etiquetas:
    desinformación, libertad de expresión, ONU, Bolivia
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