"Reencauzar los supuestos abarcados en los acápites IV y V del fallo del Tribunal de Casación Penal para su tratamiento y resolución con celeridad", señaló el alto tribunal en su resolución.
En su sentencia, este magistrado de primera instancia aceptó el pasado 17 de abril un habeas corpus colectivo presentado por los 19 defensores generales de la provincia para que se les otorguen prisiones domiciliarias a los reclusos que integren grupos de riesgo y estén en peligro de contraer el COVID-19.
El fallo de la Suprema Corte Bonaerense adelantó que las morigeraciones deben ser evaluadas por los órganos judiciales competentes, a fin de que "revisen y evalúen las prisiones preventivas de los imputados a su disposición, mediante un juicio debidamente motivado, los órganos judiciales correspondientes (…) y considerando los derechos de las víctimas".
Los ministros del máximo tribunal de la provincia de Buenos Aires reconocieron la situación de hacinamiento que viven los presos en los 67 centros penitenciarios que alberga este distrito y plantearon la necesidad de revisar las políticas relacionadas con el sistema carcelario y las medidas sanitarias de los establecimientos.
Para la Corte bonaerense, el habeas corpus colectivo puede aplicarse en situaciones de pandemia pero la población carcelaria debe presentar idénticas condiciones.
En su sentencia de abril, Violini permitió los arrestos domiciliarios en un habeas corpus colectivo a los adultos mayores de 65 años, a detenidos con enfermedades preexistentes, mujeres embarazadas, e internos acusados de delitos no violentos.
Entre el 17 de marzo y el 17 de abril la justicia autorizó la excarcelación de 2.200 presos de las cárceles de la provincia de Buenos Aires.
De todos ellos, 599 recibieron prisiones domiciliarias, y otros 1.601 fueron excarcelados "por cumplimiento de condena, libertad condicional o libertad asistida".
Algunos jueces, sin embargo, concedieron excarcelaciones transitorias a reclusos que habían cometido delitos violentos, como violaciones, o bien accedieron a liberar a internos condenados por delitos de lesa humanidad.
En las últimas semanas se produjeron varias protestas en algunos centros penitenciarios debido al temor de los presos a contagiarse de coronavirus.
