El último homicidio ocurrió la mañana de este miércoles 6 de mayo, el anterior dos semanas atrás, y el primero durante la cuarentena, el 26 de marzo, sólo cinco días después de haber sido declarada. Los awá tienen una larga historia de persecución y exterminio, ya en 2004 la Corte Constitucional de Colombia los incluyó en la lista de pueblos indígenas en peligro de extinción. Hoy siguen siendo siendo asesinados por quienes están armados: las fuerzas de represión del Estado, o los grupos armados ilegales. "Estamos viviendo una situación bastante difícil", dijo Pai, consejero mayor de la Unidad Indígena del Pueblo Awá (UIPA).
El consejero mayor de la UIPA denuncia que los erradicadores y la Policía "se están ubicando muy cerca de los lugares donde se habita la gente, donde hay caminos y no cuentan con protocolos", lo que representa un riesgo de contagio de COVID-19 en una población que ya sufre de desnutrición, tuberculosis, anemia, diarrea agudas y otras enfermedades graves. La UIPA ha pedido elementos de bioseguridad y alimentos al Gobierno, y ha solicitado que se suspendan las erradicaciones forzosas, pero no han obtenido respuesta. "Hemos visto muy poca voluntad de las instituciones", resumió Pai.
A fines de los años 1990 y principios de los 2000, muchas comunidades indígenas colombianas fueron obligadas a abandonar sus territorios por los grupos armados ilegales, la minería y las plantaciones de palma, las fumigaciones a los cultivos de coca, y el combate militar al narcotráfico patrocinado por Estados Unidos a través del Plan Colombia.
"Criamos gallinas, cerdos, sembramos productos alimenticios, pero no tenemos los medios como para vender, no hay quien pueda comprar, entonces económicamente los cultivos de coca son nuestro principal sustento", dijo Pai. "Es complicado lo que vivimos. Le hemos estado solicitando al Gobierno que se implementen los medios para ir sustituyendo los cultivos", agregó.
En el Acuerdo de Paz firmado en 2016 por la antigua guerrilla de las FARC y el Estado colombiano, se dispuso la elaboración de un Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), que se creó al año siguiente. En ese entonces el pueblo Awá decidió no formar parte porque no se tomaron en consideración sus propuestas ni cosmovisión como pueblo originario, sino que se les quiso imponer directrices a cumplir. "Hubo dos acercamientos y lo que dijeron era que primero había que firmar la carta de intención. (...) Para nosotros la ruta no puede ser así", contó Pai.
"El Gobierno siempre hace compromisos, escribe bonito en las actas, pero no los lleva a su cabal cumplimiento. Detrás del cultivo de coca, como es conocido para muchos, existen otros intereses… Siendo así no hay seguridad para los líderes y las autoridades indígenas, está bastante difícil ese tema", explicó. "El Gobierno no ha atendido con lo que se debe de atender a la población, entonces se han venido aumentando los cultivos", agregó.
Hoy Nariño es el departamento del país con mayor extensión sembrada con coca, casi 42.000 hectáreas en 2019, de acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc, por sus siglas en inglés). En Colombia se calcula que hay al menos 200.000 hectáreas de cultivo de coca para uso ilícito.
Los Awá continúan cultivando coca porque los sucesivos Gobiernos continúan sin proveerles agua potable, electricidad, acceso a la salud, a la vivienda digna, alimentos, ni la posibilidad de comercializar sus productos; pero sí siguen enviando militares, policías y jornaleros a terminar de forma forzosa con las plantaciones "ilícitas" que son la fuente de subsistencia de los indígenas.
El 26 de marzo fue asesinado en su hogar y frente a su familia Wilder García en el resguardo de Tortugaña Telembí por un grupo armado. Según un comunicado de la UNIP al que accedió Sputnik, dos días antes, al mediodía varios hombres armados se apostaron en la entrada del centro educativo Los Telembies en el corregimiento de Buenavista para intimidar a quienes transitaban por el lugar, realizando disparos en la zona.
Poco menos de un mes después, el 22 de abril, la Policía Antinarcóticos que estaba erradicando cultivos de coca para uso ilícito asesinó a Ángel Artemio Nastacuas, de 35 años, tras enfrentamientos con la comunidad indígena y campesina del resguardo Pialapí Pueblo Viejo, en Ricaurte, que defendía la coca como único sustento. Este jueves 6 de mayo un grupo armado volvió a matar a jóvenes awá en ese resguardo. A las 8:00 de la mañana Deiro Alexander Peréz, de 26 años, fue asesinado mientras caminaba rumbo a un lugar poblado a un kilómetro de distancia.
A las constantes situaciones de violencia institucional se suman los hostigamientos de los grupos armados ilegales, que han estipulado toques de queda e incluso han amenazado al gobernador del resguardo por intentar sacar el cultivo de coca. "Eso también nos hace pensar que estando los paramilitares y la fuerza pública muy cercana a la población, puede haber algún enfrentamiento, puede llevar a un riesgo extremo a la población civil. Nos preocupa bastante", reconoció Pai.
📎📷 En los primeros 20 días de 2020 ha sucedido un asesinato de líderes sociales por día en Colombia. Líderes campesinos, excombatientes guerrilleros desmovilizados, activistas medioambientales y líderes indígenas son algunos de los objetivos 🇨🇴
— Sputnik Mundo (@SputnikMundo) January 21, 2020
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Tras la firma del Acuerdo de Paz, la UNPI cuenta al menos 40 asesinatos de miembros de su comunidad, más de 800 personas se han tenido que desplazar obligatoriamente en al menos siete ocasiones, y han recibido un centenar de amenazas. El líder indígena aclaró que esos números han de quedar cortos, porque las "condiciones tan difíciles" de acceso al territorio no permiten un registro real. A su vez, también aseguró que los grupos armados están reclutando jóvenes y niños: "esto está bastante crítico y estamos muy preocupados", advirtió.
