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    Un nuevo caso de detención arbitraria y abuso policial ocurrido en plena pandemia señala cómo los policías de la capital mexicana utilizaron su fuerza para dejar en la calle a tres familias. De fondo, se evidencia su colaboración para consagrar el despojo a pobladores vulnerables de la zona central de Ciudad de México.

    El viernes 1 de mayo de 2020, alrededor de las diez de la noche, un grupo de policías de investigación junto a otros hombres encapuchados y vestidos de negro irrumpieron en el edificio ubicado en Degollado #70, en la colonia Guerrero de la delegación Cuauhtémoc, el corazón de Ciudad de México. Sputnik recopila los testimonios del caso.

    Sin mostrar órdenes de ningún tipo, ni de cateo ni de detención, forzaron su ingreso dentro de tres de los departamentos del edificio que está próximo a la Plaza de Garibaldi, la mítica zona donde se concentran los mariachis en la parte histórica de Ciudad de México y que ha venido sufriendo una fuerte presión inmobiliaria por revalorizar los edificios, expulsando a sus habitantes originales.

    El edificio de Degollado #70 fue acondicionado por el Gobierno local a fines de la década de 1990 para albergar a personas que fueron damnificadas por el sismo de 1985. Sin embargo, según el relato recogido por Sputnik, hoy esas familias están sufriendo persecución y atropello por parte de la autoridad que los golpeó y amenazó para que no regresen a habitar allí.

    La noche del viernes, el 1 mayo

    Los policías forzaron la puerta que da a la calle y se dirigieron a tres de los departamentos habitados por distintos integrantes de la misma familia, gritándoles que les dijeran dónde estaba la droga y "el secuestrado". En dos de esos tres departamentos había niños que fueron golpeados y maltratados por los policías.

    "En uno de los departamentos había una nena de dos años a la que le aventaron una cobija por encima para que no viera cómo estaban golpeando a sus padres. Como la niña se movía y lloraba, uno de los policías la sujetó por la fuerza mientras la mantenía cubierta, con peligro de ahogarla. Metieron a su papá al baño y no sabemos qué pasó allí pero salió ahogado y mojado, no podía respirar. Como la niña seguía llorando, los policías le quitaron la cobija y le dijeron a su madre que le daban dos minutos para juntar su ropa y salirse", explicó uno de los familiares de los detenidos, que pidió anonimato por temor a represalias.

    "A la madre de la nena le dijeron que hiciera lo que ellos le decían porque se la iban a llevar detenida al Búnker", explicó la fuente, refiriendo a la sede central de la Fiscalía de Ciudad de México.

    La madre tomó a la niña de dos años en brazos y salió corriendo hacia la calle, donde algunos vecinos se aglomeraban en torno a las camionetas blancas en las que se habían trasladado los uniformados hasta el predio. A uno de los vecinos que grababa la acción, lo golpearon los mismos policías y le quitaron el teléfono para borrar la evidencia registrada.

    En el segundo departamento en que los policías irrumpieron, había otros dos niños de diez y once años, a los que esposaron, hincaron en el suelo y golpearon en la cabeza en reiteradas ocasiones, exigiéndoles lo mismo: que dijeran dónde estaba la droga.

    A la persona que detuvieron en el tercer departamento que allanaron sin orden ni motivo, la esposaron y la tiraron por las escaleras, para sacarla del edificio. Este operativo duró alrededor de una hora, al cabo de la cual se llevaron detenidos a seis personas: cinco hombres y una mujer de tres de los departamentos habitados.

    "El vecino al que golpearon vio como los policías traían unas bolsas blancas en su camioneta, las metieron al edificio y luego las volvieron a sacar pero cuando los policías vieron que había grabado esa acción, se fueron contra él", explicó la fuente que relató los hechos a esta agencia.

    Una detención arbitraria

    El operativo empezó alrededor de las 10 de la noche y pasadas las 11 del viernes 1 de mayo, los policías se llevaron a los seis detenidos, pero no fue sino hasta pasadas las tres de la mañana que los presentaron ante la autoridad judicial, ubicada en la avenida Jardín 356, en la colonia del gas, un edificio que concentra las Fiscalías antisecuestro, la central para investigación del delito de homicidio, así como la Fiscalía especializada en la búsqueda de personas desaparecidas, al norte de la ciudad de México.

    "Las familias pasamos toda esa noche allí sin que nos dieran información sobre ellos. Cuando en la noche del sábado 2 de mayo (a las 24 horas de haberlos detenido) quisimos entregarles alimentos porque tenían un día sin comer, le dijeron a uno de nosotros que teníamos que entregar 200 pesos por cada detenido para que les permitieran alimentarse", explicó la fuente.

    Esta extorsión fue denunciada ante la Comisión de Derechos Humanos de Ciudad de México (CdhCdmx) que levantó una queja contra los funcionarios y les expresó a los familiares que se comunicaría con las autoridades de la Fiscalía para aclarar el hecho. El personal de la CdhCdmx les expresó que el domingo a las 10 de la mañana les dejarían ingresar alimentos para sus familiares, al cumplirse 36 horas de su detención arbitraria.

    "Me presenté a las 10 de la mañana del domingo 3 de mayo a la Fiscalía donde los tenían detenidos y me volvieron a decir que no era horario de entregarles comida, que había que esperar hasta el mediodía. Seguían sin decirnos por qué estaban detenidos, pero finalmente dejaron pasar a uno de los familiares a verlos. Fue un martirio, pero uno de los oficiales le dijo que los iban a presentar por 'delitos contra la salud' y que ya no nos preocupáramos por ellos porque los iban a trasladar al reclusorio", narró uno de los familiares a Sputnik.

    Los delitos contra la salud en México se refieren a la venta y el tráfico de drogas; sin embargo, las seis personas fueron liberadas por falta de pruebas en su contra al llegar a sus respectivos reclusorios (la mujer detenida fue enviada aparte a una cárcel femenina), donde están ubicados los juzgados penales.

    No había ningún elemento en su contra para acusarlos de ningún delito y el juez les informó que tampoco había parte acusadora que ratificara ninguna denuncia realizada. Es decir, confirmaron con esa acción la arbitrariedad de todo el procedimiento.

    "Mis familiares son gente de bajos recursos, que se sostienen trabajando informalmente y que viven en esa casa que le fue entregada a su abuela que resultó damnificada del sismo de 1985", explicó la fuente que habló con Sputnik.

    El relato de los detenidos

    Visiblemente golpeados, los seis detenidos narraron que las golpizas fueron constantes incluso dentro de la sede de la Fiscalía de avenida Jardín. La joven detenida relató que mediante apremios físicos ella fue obligada a firmar una orden de cateo que estaba dirigida al edificio de Degollado #70, pero que solo "cumplieron" en tres de los departamentos.

    "Uno de los muchachos es muy flaquito y chaparrito (bajo de estatura) apenas sí podía caminar cuando lo liberaron de lo mal que quedó físicamente. Cuando los dejaron ir, les dijeron a todos que no volvieran al lugar donde los detuvieron, porque si lo hacían, volverían por ellos. Pero allí es donde viven y ellos no tienen trabajo formal que les permita pagar una renta, además, esa casa se las dejó su abuela y allí viven en pleno derecho", explicó la fuente.

    En los departamentos, los policías dejaron colocados unos sellos oficiales que indican que el sitio fue "asegurado por secuestro", cuando ni se formalizó esa acusación (los presentaron ante la justicia acusándolos por delitos contra la salud) ni mucho menos existió el hecho delictivo. No había ni secuestrado ni punto de venta de droga, solo una casa de gente pobre.

    "Ellos no tienen dónde más vivir y tienen miedo de regresar, pero son personas vulnerables que corren riesgo de quedar en la calle cuando no han cometido ninguna falta", concluyó la fuente, quien indicó a Sputnik que además de la queja presentada ante la Comisión de Derechos Humanos de la capital mexicana, formalizaron su denuncia contra los policías ante la Fiscalía de delitos cometidos por servidores públicos.

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