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    Sobrellevar el confinamiento al que ha obligado la pandemia de COVID-19 puede ser algo complejo para quienes viven en ciudades, pero soportar el encierro en la pobreza, casi sin ayuda estatal y a merced de las balas de grupos armados ilegales, es toda una pesadilla que viven hoy en día diferentes comunidades indígenas en el suroeste de Colombia.

    "Las comunidades tienen que hacer frente a dos temas: el primero es la cuestión sanitaria, que es bastante complejo en la medida en que nadie estaba preparado para esto; el segundo tiene que ver con el conflicto armado, que no se ha detenido en absoluto por estos días", dice a Sputnik el defensor de derechos humanos del pueblo indígena Nasa, en el departamento del Cauca (suroeste), Edwin Mauricio Capaz.

    Colombia mantiene desde el 25 de marzo y hasta el 11 de mayo un aislamiento obligatorio para hacer frente al nuevo coronavirus SARS-CoV-2, pero en las aldeas indígenas del Cauca, una región golpeada por la violencia, el confinamiento es sinónimo de todo menos de tranquilidad.

    "En los tiempos de cuarentena se han dado al menos nueve combates en territorios indígenas que han puesto en riesgo la salud de las comunidades, las cuales tratan de cuidarse estando confinadas por la pandemia", explica Capaz.

    Los combates que libran las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el Ejército de Liberación Nacional, bandas criminales y estructuras reorganizadas del paramilitarismo, que luchan entre sí para hacerse con terrenos para cultivar coca y dominar los corredores de narcotráfico, se traducen en desplazamientos entre comunidades en medio de la pandemia, mientras que las misiones médicas son ahuyentadas por las balas.

    Guerra al COVID-19

    En la región habitan 115.000 personas pertenecientes a 22 comunidades indígenas, las cuales han debido adaptar 92 puntos de control territorial —que originalmente se utilizaban como defensa ante los grupos armados— como fortines contra el COVID-19.

    Para ello, unos 2.500 guardias en activo junto con algunos representantes de la comunidad y sus autoridades hacen parte del cerco para proteger a los residentes de esas zonas.

    "Si no nos cuidamos nosotros, ¿quién?", exclama Capaz, quien agrega que hace tres semanas se agotaron las reservas de gel antibacterial, por lo que ahora afrontan un alto riesgo de contagio.

    "Esta situación, que debería ser responsabilidad del Estado colombiano, no ha sido atendida de manera diligente, lo que nos ha generado preocupación", lamenta.

    El confinamiento por el COVID-19 ya empezó incluso a socavar la palabra como tradición ancestral de estas comunidades, y con ello la interacción social de los pueblos; y aunque algunas reuniones se han podido realizar de manera virtual, las dinámicas para mantener el ejercicio colectivo son cada vez más escasas, pues los celulares y los computadores son una rareza entre los indígenas.

    ​En cuanto a la alimentación la cosa es diferente. La vocación agrícola de estas comunidades les ha servido de salvaguarda en estos tiempos de pandemia, por lo que ya varias de ellas cuentan con reservas alimentarias por un tiempo bastante mayor que cualquier persona de la ciudad.

    Jungla de cemento

    La situación de los pueblos indígenas del Cauca contrasta con la de algunas etnias propias de Chocó (noroeste) y Risaralda (oeste), que recientemente se vieron obligados a migrar a Bogotá, desplazados por una violencia que los tiene siempre como víctimas.

    Por ello, ahora se encuentran más expuestos y vulnerables frente al COVID-19, al estar viviendo en una verdadera jungla de cemento que les resulta ajena.

    "Ellos llegaron a la capital hace unos cuatro meses, pero debido a la pandemia debieron encerrarse en sus sitios de alquiler, sin poder trabajar en las calles y sin dinero para poder pagar el arriendo, por lo que fueron presionados para que abandonaran esos lugares", dice a Sputnik María Violeta Medina, vocera de los pueblos Embera Katío y Chami.

    La situación llevó a que hace dos semanas, en medio del aislamiento obligatorio, unos 350 indígenas, incluidos adultos mayores y mujeres con niños, se tomaran la céntrica plaza de Bolívar para pedir ayudas, pero fueron desalojados por la policía.

    "Las comunidades estaban a la espera de ayudas estatales que nunca llegaron, por eso varios de ellos decidieron arriesgarse y salieron a la plaza pese al virus para pedir auxilios", agregó Medina, quien dijo que después de varios días sus peticiones fueron atendidas.

    Delegados estatales y del distrito de Bogotá les facilitaron apoyos para mantener el pago de los arriendos por tres meses más, atención en salud y planes de reubicación, ya que debido a la violencia no hay garantías para que puedan retornar a sus territorios.

    Así las cosas, el COVID-19 es también una enfermedad que no sólo pone en riesgo la salud humana, sino también las tradiciones de algunos pueblos ancestrales de Colombia.

    Etiquetas:
    hambre, FARC, violencia, coronavirus, Colombia, indígenas
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