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    ¿Por qué en medio de una contracción económica México apuesta por invertir en un controvertido mega-proyecto turístico? Sputnik consultó al antropólogo Ezer May May quien alertó como la pandemia tiene un costado imprevisto: amortiguar el conflicto social.

    Tanto el Tren Maya en el sureste mexicano como la construcción del nuevo aeropuerto Felipe Ángeles proyectado en la base militar de Santa Lucía (Estado de México, zona metropolitana de la capital) han sido anunciadas como prioridades del Gobierno por el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, para "dinamizar la economía" en medio de la crisis provocada por la caída del precio del petróleo y la paralización económica ante la pandemia de COVID-19.

    Según el reporte de Tomás de la Rosa, la Secretaría de Hacienda y Crédito público solicitó al Congreso Federal que autorice un aumento del presupuesto de la Secretaría de Turismo de 26.730 mil de pesos mexicanos (1.255 mil dólares) para el Tren Maya y la red ferroviaria de transporte de carga y pasajeros en la Península de Yucatán, el cual representa un incremento nominal de 969% respecto al del año en curso.

    Así mismo, como refiere el reportero de la página web mexicana Eje Central, Hacienda pidió un aumento presupuestal de 1342% para 2021 (respecto al de 2020) en el presupuesto de la Secretaría de Defensa Nacional para el nuevo aeropuerto en la base militar de Santa Lucía.

    Sputnik consultó al antropólogo maya Ezer May May, quien señaló cómo la cuarentena voluntaria que debe seguirse como medida preventiva para no contraer el nuevo coronavirus, le vino "como anillo al dedo" al Gobierno Federal para acelerar la concresión de estos mega-proyectos.

    "La cuarentena restringe la movilización y organización de personas que estaban activas en el terreno, observando el desembarco de estos megaproyectos en los territorios", señaló.

    Además, su presentación como respuesta a la recesión económica, deja de lado el reclamo esencial de los pueblos originarios: "lo que más se discutía era la seguridad del empleo que se fuera a dar con estos mega-proyectos, rechazando los empleos temporales para exigir empleos permanentes para las poblaciones locales; con la contingencia, eso quedó en segundo plano porque este empleo precario llega como una solución a la contracción económica", agregó.

    Sin vigilancia ciudadana

    El antropólogo ya había alertado a Sputnik que el principal peligro para estos pueblos originarios (y rurales en su mayoría) residía en quedar por fuera de la derrama económica de la invasión turística que significará una afluencia masiva a las zonas dónde se proyecta el tren, convirtiéndose en una caricatura de sí mismos para agradar al ojo extranjero.

     

    Sin embargo, tras un proceso de consulta que generó críticas por su forma de organización sui generis, pidiendo aprobación en masa sobre una decena de proyectos sin discriminación a fines del año 2018 y con una serie de consultas específicas a los pueblos que, según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos, no cumplió con los estándares internacionales, el Gobierno de López Obrador anunció el inicio de construcción del primer tramo para el 30 de abril de 2020, cuando la capital mexicana estará atravesando el pico de contagios de COVID-19.

    "La fase de consulta terminó y con ella se asumió la legitimidad social del proyecto que aunque tuvo una aceptación mayoritaria, esos números no son representativos de la población local", refirió el antropólogo. Señaló por un lado que la aceptación manifestada en las consultas está dada por una "memoria nostálgica" del tren de otras épocas que nada tiene que ver con el proyecto actual, ya que no se prevé el uso de transporte local de pasajeros; y por otro lado, alertó que "esa legitimación parcial está dada por la información sesgada que el mismo Gobierno presenta".

    Así, las distintas formas de organización local que venían movilizándose para contrarrestar la información oficial han quedado relegadas e imposibilitadas de continuar con esta labor independiente.

    "Es muy complicado competir con la movilidad que tiene el Estado y que la está utilizando lógicamente a su favor, algo que es esperable, pero que ahora utiliza sin miramientos", señaló May May en diálogo con Sputnik.

    "El Quédate en casa que se debe respetar por la pandemia, ha reducido la capacidad de movilización tanto de activistas como de quienes estaban armando las estrategias y planes legales para funcionar como contrapeso de la información oficial, que favoreciera la autoorganización de los pueblos" frente a la arrolladora llegada del Tren.

    Críticas desde Campeche

    Por su parte, el Grupo Indignación, una organización civil del estado de Campeche señaló a Sputnik que en los lineamientos técnicos emitidos por el Secretario de Salud Pública Federal ante la emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus, se estableció que "todas las actividades de producción de acero, cemento y vidrio que tengan contratos vigentes con el Gobierno Federal deberán continuar para cumplir con los compromisos a corto plazo de los proyectos Dos Bocas, Tren Maya, Aeropuerto Felipe Ángeles y el Corredor Transístmico".

    Esto incluso a pesar que este 21 de abril México entró a la Fase 3 de control de la pandemia que implica extender sus medidas de "sana distancia" hasta el 31 de mayo, suspendiendo las actividades no esenciales en el país con el fin de evitar una mayor propagación de le enfermedad.

    Sin embargo, señalaron desde el Grupo Indignación, "tanto ONU-Hábitat como el Fondo nacional de turismo (Fonatur) continuaron realizando un censo y entrevistas durante toda la Fase 2 de esta emergencia sanitaria con la finalidad de desalojar y reubicar a la población de la ciudad de Campeche. Es preocupante que el Gobierno Federal pretenda mantener las actividades relacionadas con el proyecto, a pesar que su construcción y el desalojo de personas no es esencial en el contexto de la actual pandemia".

    Y del mismo modo que May May, alumbraron la indefensión de los opositores al proyecto, quienes no tienen ya la posibilidad de recurrir a tribunales judiciales (parados desde fines de marzo) como ocurrió con la suspensión lograda por un amparo presentado por comunidades de Calakmul y Campeche.

    "Pareciera ser que el Gobierno Federal se aprovecha de la actual coyuntura para avanzar sin riesgo de oposición en la continuación de un proyecto que ha sido cuestionado por diversos sectores. Hacemos un llamado al Presidente de la República a que suspenda la construcción del tren Maya y con posterioridad al fin de la emergencia sanitaria, inicie un proceso de diálogo real, serio, informado y equitativo que garantice los derechos a la información y cumpla con los estándares internacionales", concluyeron desde Campeche.

     

    Etiquetas:
    México, Tren Maya
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