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    BOGOTÁ (Sputnik) — El senador colombiano Iván Cepeda y la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP) radicaron una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en favor de las personas privadas de libertad de diez cárceles del país en medio de la emergencia por el nuevo coronavirus.

    "Estas diez cárceles sobre las que pedimos medidas cautelares están en Bogotá [centro], Medellín [noroeste], Villavicencio [centro], Jamundí [suroeste], Santander [nordeste] y Chocó [noroeste]; tienen más de 25.000 personas privadas de la libertad, de las cuales 2.453 son mujeres", dijo el legislador en su cuenta de Twitter.

    El pasado 14 de abril, el Gobierno promulgó el decreto 546, mediante el cual 4.000 presos que permanecen detenidos en varias cárceles del país saldrán en las próximas semanas como medida de mitigación del COVID-19, que ya deja 189 muertes y 3.977 contagios, algunos de ellos en las cárceles.

    Sin embargo, Cepeda y la CSPP sostienen ante la CIDH que las medidas adoptadas por el Gobierno son insuficientes y debe tomar acciones adicionales que eviten los contagios entre los reclusos.

    "El hacinamiento carcelario en Colombia es del 53,7%, lo que significa un sobrecupo de 43.342 personas; las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional benefician máximo a 4.000 personas, por ello, hemos pedido a la CIDH que el Poder Ejecutivo adopte acciones adicionales", indicó el senador.

    Asimismo, Cepeda destacó, con base en cifras del Ministerio de Justicia, que "la población vulnerable y de alto riesgo privada de la libertad asciende a 16.265 personas, que son principalmente adultos mayores de 60 años, enfermos, mujeres embarazadas o con hijos menores".

    En concreto, el senador y la CIDH elevaron catorce peticiones a la CIDH para que el Estado colombiano garantice el suministro de elementos de primera necesidad, higiene y alimentación al interior de los establecimientos carcelarios del país, así como la modificación del decreto 546 de 2020 para que beneficie a más presos, y una mesa o sesiones de trabajo.

    El decreto no cobija a quienes han sido condenados por delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, delitos contra niños, actos de corrupción o a quienes se han acogido a procesos de paz, lo que también ha motivado el rechazo de la medida por parte del partido de izquierda Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC, surgido tras la desmovilización de la guerrilla).

    Por último, Cepeda señaló en Twitter que junto con la CSPP pidió a la CIDH que "el Estado colombiano garantice el suministro de elementos de protección" para los guardias carcelarios en todo el país.
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    CIDH, coronavirus en América Latina, pandemia de coronavirus, coronavirus, presos, COVID-19, Colombia
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