En un comunicado, la Fiscalía informó que pide una investigación sobre las protestas en que "participantes pidieron el cierre de instituciones democráticas, como el Congreso Nacional y el Tribunal Supremo Federal".
"El Estado brasileño admite como única ideología el régimen de la democracia participativa; cualquier atentado contra la democracia agrede a la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional", afirmó el procurador general, Augusto Aras, en el comunicado.
Las protestas fueron organizadas por simpatizantes del Gobierno en varias capitales del país, para pedir el fin de las medidas de aislamiento social implantadas por gobernadores y alcaldes para hacer frente a la pandemia del nuevo coronavirus (causante de la enfermedad COVID-19).
Bolsonaro, que desde hace semanas se muestra contrario a esas restricciones, apareció por sorpresa en la marcha de Brasilia y jaleó a los manifestantes diciendo que la "vieja política" acabó y que hay que escuchar a la voz del pueblo: "No queremos negociar nada", dijo.
La participación del presidente en el acto, contrariando todas las recomendaciones de las autoridades sanitarias, causó una fuerte polémica, y este 20 de abril Bolsonaro intentó contrarrestarla diciendo que el Congreso y el Supremo deben permanecer abiertos y transparentes.
