"El abandono de la atención a la salud de las comunidades indígenas en el sureste, en equipamiento, recursos humanos y medicamentos nunca han sido suficientes para una población que carece de educación, trabajo y salarios dignos", dijo a Sputnik el médico e investigador Gerardo González, del Colegio de la Frontera Sur.
La estrategia sanitaria federal, "focalizada en las grandes ciudades, se olvidó la importancia de la prevención en la salud pública comunitaria, efecto de un viejo sistema corrupto que impidió que los indígenas estén entre las prioridades", afirma el investigador.
La población indígena sufre enfermedades respiratorias e intestinales con gran frecuencia.
"Han comenzado a padecer morbilidades de la modernidad, como diabetes, desnutrición o malnutrición, que causa obesidad, cánceres y cardiopatías, como la hipertensión", factores de riesgo para la nueva enfermedad respiratoria causada por el SARS CoV-2.
La tercera parte de esta población vive en "una compleja realidad de pueblos originarios organizados, en un mundo indígenas que es muy diverso y polifacético", dice el colaborador de organizaciones de la etnia tseltal.
El también asesor del Movimiento para la Defensa de la Vida y el Territorio en Chilón, cerca de la zona arqueológica maya de Palenque, señala que viven en una amplia dispersión geográfica, en comunidades sin agua, electricidad y con grandes carencias.
Migrantes
La situación se complica con las deportaciones desde EEUU y las políticas antimigrantes del presidente Donald Trump.
"Miles de migrantes no fueron considerados en las variables de la epidemia", explica González.
Además de expulsar a centroamericanos, EEUU también deporta a indígenas mexicanos del sureste.
Rita Marcela Robles, portavoz del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova de la sureña ciudad mexicana de Tapachula, dijo a Sputnik que al abandono de comunidades indígenas se suma el desprecio por la suerte de los migrantes durante la contingencia.
Los migrantes se dispersan a su vez en "comunidades indígenas excluidas históricamente, sin acceso al derecho a salud", puntualizó Robles.
Además, el crimen organizado tiene en la mira a las dos poblaciones: "las comunidades indígenas y los migrantes llevan años sufriendo, secuestros y extorsión", resume.
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— Sputnik Mundo (@SputnikMundo) April 1, 2020
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La crisis se ha agravado, denuncia Robles, porque el Instituto Nacional de Migración ha comenzado a trasladar a la frontera sur a unos 60.000 centroamericanos deportados, que esperaban sus trámites de asilo en EEUU.
La semana pasada, "al menos 300 personas han sido trasladadas al sureste, a puntos fronterizos en Chiapas y Tabasco, abandonados a su suerte por el cierre de frontera con Guatemala", detalla la defensora de víctimas.
Los trasladan en autobuses desde la frontera norte, "en viajes torturantes de más de 40 horas, no hay un protocolo, ni lineamientos legales mínimos, es una enorme población en riesgo", afirma la portavoz.
"Los abandonan y les piden que crucen a pie la frontera con Guatemala, que está cerrad; es una salvajada", señala.
Los expulsados no reciben constancia alguna de retorno voluntario, ni de un proceso legal de entrega a autoridades de sus países.
La situación también es grave en las estaciones migratorias, donde están detenidas unas 3.000 indocumentados hacinados, y en algunos centros se han amotinado.
