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    El coronavirus en Bolivia (222)
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    LA PAZ (Sputnik) — El Gobierno de Bolivia quedó enfrentado a una creciente presión de políticos y activistas de derechos humanos para que revierta su decisión de impedir el ingreso de connacionales que quedaron bloqueados en la frontera con Chile a causa de la cuarentena contra el COVID-19.

    "Ningún boliviano merece ser negado a ingresar a su patria, menos en tiempos de crisis. Gobierno debe autorizar retornos bajo estándares de cautela y cuidado aplicables", escribió en la red social Twitter el expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé (2005-2006), sumándose a una ola de críticas contra la política gubernamental de no repatriación.

    ​La administración transitoria de Jeanine Áñez impuso como parte de su plan contra la pandemia del COVID-19, enfermedad causada por el nuevo coronavirus, un cierre de fronteras que aplica a los bolivianos que quieren regresar pero no a los extranjeros que desean salir del país.

    Las protestas se multiplicaban desde el 30 de marzo, cuando las autoridades frenaron el ingreso de unos 150 bolivianos que llegaron sacrificadamente hasta la frontera occidental con Chile, argumentando que el Gobierno de La Paz no tenía condiciones para someterlos a una cuarentena preventiva de la pandemia.

    Nadie sale, nadie entra

    El Gobierno de Áñez anunció el 29 de marzo que dos ministros recibirían a los bolivianos del norte chileno, pero los migrantes no recibieron esa bienvenida sino el anuncio del titular de Defensa, Fernando López, de que no se les permitiría ingresar bajo ninguna circunstancia durante la cuarentena.

    "La imposición de consignas como 'nadie sale, nadie entra' solo devela la incapacidad de controlar la pandemia, el problema no está en permitir el retorno de este grupo, sino en que el Estado no quiere aplicar los protocolos de bioseguridad y sanidad", denunció este 31 de marzo la defensora del Pueblo, Nadie Cruz.

    La activista pidió el 30 de marzo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una medida cautelar para proteger a los bolivianos retenidos en la frontera con Chile, de los cuales dijo que habían aumentado a 209.

    Cruz añadió que entre los retenidos en la frontera había adultos mayores, mujeres embarazadas y niños, todos cobijados precariamente en carpas, sin alimentos ni servicios de salud.

    El expresidente Evo Morales consideró "inhumano e ilegal dejar a niñas/os, mujeres embarazadas y personas de la tercera edad en esas condiciones" y sostuvo, en una declaración por Twitter, que "es un deber irrenunciable del Estado el velar por sus ciudadanos en cualquier lugar del mundo".

    ​Otro expresidente, Carlos Mesa (2003-2005), dijo en la misma red social que "los instrumentos internacionales de DDHH establecen que nadie podrá ser privado del derecho de ingresar a su propio país".

    "La solidaridad y la protección de los bolivianos que están en la frontera con Chile es una obligación jurídica y un mandato moral", añadió el también candidato para las elecciones de este año.

    ​La diputada Sonia Brito, presidenta de la comisión parlamentaria de derechos humanos, advirtió que la política de no repatriación podría ser causa de un juicio contra la presidenta Áñez y su canciller Karen Longaric.

    "La decisión inhumana y violatoria a los derechos humanos de no permitir [la repatriación] será pasible a un juicio. Más aún cuando cierran fronteras a los pobres y abren a sus amigos", dijo en la red social.

    La defensora Cruz dijo que además de los bolivianos procedentes de Chile había otros que reclamaban rerpatriación desde varios países y 729 que habían solicitado asistencia para viajar dentro del territorio nacional de vuelta a sus hogares en medio de la cuarentena. 

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    El coronavirus en Bolivia (222)
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